Nuevamente la duda sobre una contratación se cierne sobre el gobierno puertorriqueño, arrojando sombras en las razones para seleccionar a tal o cual empresa, y particularmente cuando no se responde públicamente a la transparencia, un patrón similar al de la compañía Whitefish con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La junta de directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) otorgó el pasado jueves el contrato para la recuperación de hasta 3,000 millones de dólares en deudas no cobradas de propiedad mueble e inmueble y otros, a la empresa BCMG, de poca o ninguna experiencia en la especialidad técnica que se requiere y que deberá subcontratar para llevar a cabo los servicios, informó una fuente a la agencia Inter News Service (INS).
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La cantidad a recobrar que se fija es de 2,300 millones, sin embargo, hay otras partidas que podrían elevar el monto a otros 700 millones de dólares adicionales.
El problema de base en el otorgamiento del contrato a BCMG es que en este momento está sumergida en una demanda federal que presentó en su contra una compañía que hizo negocios con BCMG en Estados Unidos.
La demanda de Rei Holdings contra varias empresas, entre ellas BCMG y Bloxtrade, ambas del millonario domiciliado en Puerto Rico Tom McOsker, es por fraude, conspiración para cometer fraude e incumplimiento de contrato.
Las fuertes alegaciones de Rei Holdings contra BCMG indican que, junto a Bloxtrade, Optimun y otros, los engañó al venderle una cartera de gravámenes fiscales municipales improductiva e irrecuperable en tres ciudades de Connecticut, que compraron bajo engaño, pues no tenían valor alguno, contrario a las representaciones que se le hicieron.
Inclusive, hasta el 75% de los certificados estaban expirados, o habían sido pagados, liberados o de alguna manera sin valor para la inversión que se hizo al comprar, se alega en la demanda, presentada en el verano y que no ha sido desestimada en una corte federal en Utah.
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Para la gente de Rei Holdings, McOsker y otros sabían del escaso valor de la cartera y aun así la vendieron bajo falsas representaciones. El demandante pide 40.3 millones de dólares para resarcir el imputado fraude.
En este marco, que conocía la Junta del CRIM pero al que al parecer no se le dio peso alguno, se otorgó a escasos días de Navidad, cuando el país se desborda en hacer regalos a sus seres queridos, el contrato a BCMG.
La agencia INS llamó al presidente de la Junta, el alcalde de Cidra Javier Carrasquillo, para indagar los diversos criterios que tomaron en cuenta para otorgar el contrato a BCMG, en vez de a Tower Capital Management, asociada con la inversionista Fortress, que competían para ofrecer los servicios de recobro de la deuda de propiedad mueble e inmueble, tasaciones, exoneraciones indebidas, identificación de propiedades que no pagan o aportan menos, auditoría de la propiedad mueble y otros servicios.
Tower Capital es una empresa especializada en estos asuntos, mientras Fortress Investment Group es un “hedge fund” con $700,000 millones para invertir.
La necesidad de un fuerte inversionista es que el CRIM requiere de un pago de $400 millones para hacerse con el contrato.
Según una persona enterada de estos procesos, Tower Capital sujetó su pago a las opiniones y normas de la junta de control fiscal y el gobierno, mientras MCBG solo entregaría el pago al CRIM, y que ellos dispusieran según su parecer.
El condicionamiento de Tower Capital reconoce problemas como los que tuvo la contratación de Whitefish por la AEE. Whitefish Energy es una cáscara de empresa dedicada a la subcontratación que, por $300 millones, contrató con la AEE por un servicio que tuvo que ser anulado finalmente.
El Comité que recomendó a la junta de directores del CRIM la contratación de BCMG, no reunió a los dos finalistas para, entre otros aspectos, conocer con qué recursos cuenta cada cual para hacer el pago de $400 millones al CRIM, una entidad que no ha visto sus mejores días luego que renunciara su directora ejecutiva Carmen Vega Fournier bajo un alegado conflicto de intereses.
La información ofrecida a INS es que BCMG no tiene la experiencia para llevar a cabo las tareas contratadas.
La búsqueda de una empresa que se encargue de recobrar la deuda contraída con el CRIM tiene una larga historia. No se sabe con exactitud cuánto más habrá depreciado el mercado luego de esos fenómenos, pero de seguro ha disminuido la capacidad de pago de los deudores, si es que no han entregado sus casas al banco y otros también lo habrían hecho debido a la emigración.
La junta de control fiscal impuso un recorte de $350 millones a las arcas del CRIM.
Carrasquillo, alcalde de Cidra y presidente de la Junta del CRIM, no respondió a la petición de información que se le hizo la semana pasada.
