El portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo Ríos, anunció la radicación de varias medidas que beneficiarán a la comunidad audio impedida de la Isla. Las mismas darán paso a que dicha población pueda recibir servicios de forma más efectiva y tener acceso a información de interés público mediante el uso de intérpretes de señas en campañas publicitarias.
La primera de ellas es el Proyecto del Senado 767 el cual dispone enmendar la “Ley de Ética Gubernamental” a los fines de establecer que tres de las 20 horas mínimo de adiestramiento, en materia de ética, que toman los empleados públicos, deberán ser en adiestramientos relacionados a la cultura de la comunidad sorda en Puerto Rico o al lenguaje de señas.
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“Ante el historial de dificultades que ha enfrentado la población audio impedida de Puerto Rico, es nuestra responsabilidad constitucional hacer ajustes necesarios para proteger y defender a nuestros ciudadanos. En atención a la situación actual de los servicios de interpretación para sordos en las agencias de gobierno, es necesario requerir a los servidores públicos tener una preparación en cuanto a las necesidades de esta población, al igual que en el lenguaje de señas, de forma que se acorte la brecha de comunicación entre la comunidad de sordos y los servidores públicos que les atienden en sus gestiones”, expresó el Legislador.
Por años la población audio impedida ha sufrido limitaciones en lo que respecta a su diario vivir. Al no ser una condición incapacitante fácil de percibir a simple vista, esta población ha sido, hasta cierto punto, invisible para nuestra sociedad. Esto ha llevado a que enfrenten unos retos particulares a su discapacidad y dificulta el que sean comprendidos por la comunidad de oyentes.
Por otro lado, Ríos informó la radicación del Proyecto del Senado 768 el cual propone crear la “Ley de Igualdad y Acceso a la Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico”. Esta pieza legislativa plantea que toda publicidad visual que contenga sonido, sea comprada, generada, creada o producida por o para entidades gubernamentales pertenecientes a cualquiera de las ramas del Gobierno, utilice un intérprete de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.
“Para nosotros es importante que los ciudadanos audio impedidos puedan tener acceso a toda la información que emita el Gobierno, en especial aquellas de interés público que se difunden mediante la publicidad visual que contiene sonido y que desafortunadamente los sordos no captan en su totalidad debido a que carecen del insumo que emite la parte sonora”, destacó el Senador.
Cabe destacar que Puerto Rico cuenta con una población audio impedida que fluctúa entre los 150 mil a 190 mil personas.
