Denunciarán en foro internacional violaciones de derechos humanos en Puerto Rico

En respuesta a la falta de transparencia e inacción del Gobierno de Puerto Rico y el federal, la actual crisis de derechos humanos que vive la Isla luego del paso de los huracanes Irma y María será denunciada por representantes de más de 25 organizaciones comunitarias, instituciones académicas y profesionales, tanto locales como de Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este jueves, 7 de diciembre, en Washington D.C.

Así lo afirmaron los portavoces de la delegación de 35 personas que viajará para presentar el informe “Desastres Naturales, Contaminación y Desigualdad en Puerto Rico”, un documento de más de 200 páginas con datos, testimonios, estadísticas, noticias y análisis, recopiladas por el grupo y con el cual aseguran que evidencian las distintas denuncias y exigencias. El informe será público el mismo jueves.

“Puerto Rico viene arrastrando una crisis no solamente fiscal, sino más bien una crisis de violación de derechos humanos”, apuntó Annette M. Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, al tiempo que añadió que dicha crisis “se ha visto agravada por la situación que estamos viviendo luego del impacto de los huracanes Irma y María”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano internacional ahora mismo que puede tomar decisiones sobre las violaciones de Derechos Humanos en Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de, con estas denuncias, solicitar a la Comisión que ordene un cese y desista, a través de una acción que se llama ‘medida cautelar’, una especie de orden internacional en situaciones de urgencia”, explicó Annette M. Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Algunas de las exigencias que el grupo presentará incluyen la moratoria y reestructuración de la deuda, luego de una auditoría que determine “cuánto de esa deuda es válida”; la derogación de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) y de las leyes de cabotaje; paridad en los fondos federales de salud; moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipotecas.

La delegación también exigirá que se haga público el plan de manejo de emergencia de FEMA esbozado previo al huracán María, la ayuda humanitaria recibida, y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de “emergencia”; que el gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y el manejo de cadáveres, en situaciones de emergencia y desastre; que se adopten y se implementen estándares de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública, especialmente durante el manejo de la crisis humanitaria y en el proceso de la recuperación del país.

“Puerto Rico se encuentra ante una crisis humanitaria sin precedentes en su historia, que agravó las ya precarias condiciones en que se encontraba su infraestructura y su economía, así como la situación de pobreza y desigualdad en que estaba sumida la población”, aseguró Yanira Reyes, decana académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y representante de la organización Inter-Mujeres, quien será parte de la delegación que viajará a Whashington D.C. para la audiencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).

Dicho cuerpo internacional considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. Asimismo, la Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.

Cabe destacar que la CIDH solo concede audiencias a menos de una tercera parte de las denuncias que se presentan ante el ente internacional. En el caso de Puerto Rico, esta la tercera vez que una delegación presenta un informe ante el cuerpo, por tercer año consecutivo.

“Uno de nuestros mayores reclamos es que la Comisión Interamericana venga a Puerto Rico. Esta es la tercera vez que lo vamos a pedir, esta es la tercera ocasión que vamos ante esta Comisión a hacer denuncias en una audiencia pública”, afirmó Martínez Orabona. “Ya la Comisión el año pasado públicamente expresó que sí tiene interés en venir a Puerto Rico, el problema es que ninguna entidad internacional puede venir, a menos que el Estado lo permita, así que uno de los mayores escollos que hemos tenido para que la Comisión pueda venir a Puerro Rico es que el gobierno de Estados Unidos a bloqueado esa posibilidad y vamos a exigir que el gobierno permita que la comisión venga”, puntualizó.

Líderes comunitarias serán la voz de Puerto Rico

Durante la visita a la capital de Estados Unidos, tres líderes comunitarias asumirán por primera vez el rol de portavoces en la audiencia temática ante la CIDH para presentar el informe que elaboraron de forma colectiva las organizaciones del país.

Para Modesta Irizarry, una de las tres líderes que tendrá la responsabilidad de hablar ante la CIDH, la catástrofe que vive el país luego del paso de María “ha dejado ver realmente cuánto hemos sufrido los ciudadanos y como se han agravado cada vez más las situaciones que estamos viviendo”.

“La catástrofe natural que vivimos en los pasados meses sacó a relucir ante muchos ojos las realidades que sufrimos muchos ciudadanos y agravó las condiciones desiguales que hemos vivido durante décadas muchas poblaciones marginadas de Puerto Rico”, aseguró  Irizarry, añadiendo que “los desastres naturales y la forma en que los ha manejado el gobierno han empeorado los atropellos a nuestros derechos y es muy importante denunciarlo ante estos foros, porque puede ser de vida o muerte para muchos no actuar”.

“Quizás suene un poquito irónico y fuerte para algunas personas, decir ‘qué bueno que llegó María’ y no es que yo me alegre del mal de nadie, es que María realmente afirmó lo que ha estado pasando en nuestro país durante tanto tiempo”, afirmó Irizarry, residente de Loíza, madre y líder con una larga trayectoria de autogestión y lucha comunitaria, en especial de la juventud.

Aunque los esfuerzos tienen como eje la situación actual de Puerto Rico tras el paso de los fenómenos atmosféricos, también se enmarcará la crisis humanitaria previa, debido a la deuda de sobre $72 mil millones, profundizada por la aprobación de la Ley PROMESA y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal. Además, la delegación incluyó en su informe la reciente aprobación de la reforma contributiva federal, que impondría –una vez entre en vigor y si no se le realizan cambios en los Comités de Conferencia del Congreso– un 20% de impuesto adicional a las exportaciones que realizan industrias desde Puerto Rico hacia Estados Unidos.

“Nadie debe tener duda alguna de que un impuesto adicional, tomando en cuenta el contexto de crisis económica en que se encuentra Puerto Rico, va a tener unos efectos nefastos y yo no sé cómo pueden ser ya más nefastos de lo que son, de lo que es la realidad que estamos viviendo, así que parte de nuestras denuncias y nuestras solicitudes en Washington también van a ir dirigidas a exigir que no se impongan mayores presiones o un peso mayor sobre la ya debilitada economía en Puerto Rico”, expresó Martínez, ante preguntas de Metro.

Además de la audiencia pública, la delegación tiene una agenda de trabajo “bastante cargada” de visitas a congresistas” para exigir precisamente acciones concretas de protección” a partir de las denuncias ante la CIDH, indicó la directora de la Clínica de Derechos Humanos.

Por su parte, Marinilda Rivera Díaz, quien formó parte del comité que elaboró el informe de los derechos a la salud, denunció que “no garantizar el acceso a los servicios básicos como electricidad, agua y alimentación durante la emergencia suponen graves violaciones a los derechos y ocasionan serios cuestionamientos a los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como a la Junta de Control Fiscal”. La investigadora y profesora de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico destacó que: “Lo más preocupante es que los efectos más devastadores en materia de salud, salud mental y salud pública en general aún están por verse y solo escuchamos una Junta de Control Fiscal insistente en recortes en servicios sociales para cumplir con el pago de la deuda como su única preocupación”.

Otra exigencia es que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comuniquen entre sí para que desarrollen acciones conjuntas sobre los derechos de la sociedad puertorriqueña.

“Este año, lo que catapultó la necesidad de escuchar a los puertorriqueños son las violaciones que se han dado con posterioridad al desastre natural María, pues la CIDH está desarrollando un vínculo entre la protección de derechos humanos y las obligaciones de los estados con poblaciones vulnerable ante este tipo de situación”, concluyó Martínez.

Usted podrá ver la audiencia en vivo este jueves, a las 9:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, a través de este enlace.

Resumen de las peticiones contenidas en el informe: 

2. Detener medidas de austeridad fiscal que atenten contra la protección de los derechos humanos por parte del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal.

2. La derogación de la ley PROMESA y que se devuelva el derecho al gobierno de Puerto Rico de declararse en quiebra, tal como podía hacerlo antes de 1984.

2. Una moratoria del pago de la deuda pública y que se aplique un plan de reestructuración en base al precio de compra, y no en base al monto total que se adeuda; auditoría integral de la deuda.

2. Que el gobierno de Estados Unidos exima a Puerto Rico del pago de nuevas tributaciones, elimine las leyes de cabotaje y permita el acceso al crédito por trabajo para incentivar el trabajo local, así como que endose nuevas emisiones de Puerto Rico que permitan resolver la falta de liquidez.

2. Que el gobierno de Estados Unidos promulgue un Plan Marshall para Puerto Rico que incluya financiación de los esfuerzos de socorro y recuperación ante desastres; reconstruir la infraestructura; construir una nueva red de energía que sea resistente y sostenible.

2. La apertura inmediata de las escuelas y se provea información transparente y correcta sobre el cierre y apertura de las mismas.

2. Que se garanticen los derechos de la niñez con impedimentos.

2. Que el gobierno detenga la reducción de derechos adquiridos, y proteja el derecho al trabajo digno según dispuesto por los organismos internacionales, cumpla con los convenios colectivos, así como con sus aportaciones patronales y con el pago de su deuda a los sistemas de retiro.

2. Que el Gobierno de Estados Unidos no intervenga con las leyes de salario mínimo en Puerto Rico.

2. Que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos brinden acceso a la información sobre las muertes que ocurrieron a causa de los huracanes y su relación con faltas en los servicios médicos, de emergencias, eléctricos, sociales y de seguridad, así como de los arrestos ocurridos bajo el toque de queda.

2. Que se haga público el plan de manejo de emergencia de FEMA esbozado previo al huracán María; la ayuda humanitaria recibida; y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de “emergencia”.

2. Que el gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y el manejo de cadáveres, en situaciones de emergencia y desastre.

2. Que el gobierno de Estados Unidos otorgue un trato igual a Puerto Rico en el desembolso de fondos federales para el área de salud y reconozca nuestro derecho a desarrollar un sistema universal de salud.

2. Que toda persona que perdió su vivienda a causa del huracán tenga acceso a una vivienda adecuada y resiliente.

2. Que se establezca un programa de realojo de emergencia para personas que perdieron sus hogares a causa de los huracanes, mediante propiedades reposeídas, manteniendo a las personas dentro de sus comunidades o cercanas a éstas.

2. Que se establezca una moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipoteca por falta de pago y que no se penalice económicamente a los residentes de vivienda pública o privada, incluyendo todos aquellos casos en los que la residencia haya sufrido daños por los huracanes o la parte arrendataria o propietaria haya sufrido una pérdida de ingreso sustancial a causa de los mismos.

2. Establecer, como requisito operacional de refugios, albergues de emergencia y vivienda transicional – de agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales- una política de no discrimen contra personas LGBTTIQ.

2. Aplicar perspectiva de género en el manejo y respuesta a los desastres naturales, desde la creación de planes de prevención en las comunidades hasta en el diseño e implementación de los planes de contingencias estatales.

2. Crear protocolos para la prevención y manejo de casos de violencia doméstica, acecho y agresión sexual en los refugios, que incluya el procedimiento a seguir con las personas con historial de agresión sexual.

2. Creación y divulgación de planes alternos para el manejo y atención de solicitudes de ordenes protección por violencia doméstica, acecho y agresión sexual y radicación de cargos criminales para cuando el sistema policial y judicial esté inoperante por desastres naturales.