Cinco claves para entender cómo Cataluña llegó a declarar la independencia

Hoy la región catalana declaró su independencia, pero el gobierno central de España se dispone a tomar el control del gobierno regional y frenar la declaración

Por Metro Puerto Rico

El Senado español autorizó hoy la aplicación del Artículo 155 de la Constitución del país, lo que le permite al gobierno central tomar el control del gobierno regional de Cataluña, luego de que el Parlamento de dicha región declarara la independencia del territorio catalán.

Pero, ¿qué sucesos han ocurrido que suscitado que el Parlamento de Cataluña declare la independencia aún en contra de las leyes y las Constitución de España?

Constitución de 1978 – Luego de la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, España comenzó un proceso de transición a la democracia, que se concretó finalmente con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, el 29 de diciembre de ese año. Posteriormente, el presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980 hasta el 2003, Jordi Pujol, pactó con los sucesores de Franco el estatuto autonómico como parte de la Constitución reaccionaria de 1978. Pero en el 2006, el gobierno catalán aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que buscaba regular la autonomía y los márgenes del autogobierno de este territorio. El Estatuto fue aprobado por las Cortes Generales y posteriormente refrendado por los ciudadanos de Cataluña el 18 de junio de 2006. Sin embargo, en 2010 el Tribunal Constitucional español anuló el nuevo Estatuto. Los recortes a la autonomía catalana han disparado desde entonces la lucha por la independencia.

Manifestación "Som una nació, nosaltres decidim" – Después de cuatro años de deliberaciones durante los cuales sus miembros fueron sometidos a toda clase de presiones, el Tribunal Constitucional publicó a finales de junio de 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que supuso un duro golpe a las aspiraciones del nacionalismo catalán en temas tan sensibles como la identidad nacional, la lengua, la administración de justicia o la posibilidad de disponer de una Hacienda propia. Así el 9 de julio se celebró en Barcelona una gran manifestación de rechazo a la sentencia del Constitucional con el lema Som una nació, nosaltres decidim y dio paso a la búsqueda de una aprobación de una consulta o referéndum de independencia.

Consulta del 9N  Si bien el nacionalismo catalán siempre ha estado presente en la región, en la historia reciente es a partir de 2006 que la independencia de Cataluña ha venido ganando fuerza, debido a desacuerdos entre el gobierno central de España y el gobierno regional de Cataluña, respecto a los límites de los poderes autónomos de la región. Así, finalmente el 9 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una consulta participativa (9N) que tuvo una participación electoral de aproximadamente un 40 % de los electores de la región. En dicha consulta, un 80 % favoreció la independencia de Cataluña.

El 9N fue un proceso que el presidente de la Generalidad de Cataluña en aquel momento, Artur Mas, planteó como alternativa legal ante la imposibilidad de obtener del Gobierno central el permiso necesario para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Aún así, el 11 de junio de 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció y declaró la consulta inconstitucional.

Vea también: Senado español autoriza tomar el control de Cataluña

Referéndum de independencia 1-o – El referéndum de independencia de Cataluña de 2017 —también conocido como 1-O— fue un referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional​ y finalmente celebrado de manera ilegal en la comunidad autónoma española de Cataluña el 1 de octubre de 2017, sin cumplir ninguna garantía mínima ni los estándares internacionales.​ La Comisión Europea corroboró su ilegalidad.​

La ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica. Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el "sí" obtiene más votos que el "no", sin requerir una participación mínima. Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley, excepto Catalunya Sí que es Pot que se abstuvo.

La ley es ilegal de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña.​ El referéndum efectuado por la Generalidad es ilegal según la Constitución y legislación españolas al no cumplir los requisitos establecidos en las mismas.

Con un 40 % de participación del total de los electores de la región, se declaró la victoria del "sí" a favor de la independencia. Del total de votos, el "sí" obtuvo un 90 % de apoyo. Si bien no queda claro si la independencia tiene o no el favor de la mayoría de los catalanes, lo que sí se ha reportado es que alrededor de un 80 % de los ciudadanos españoles de la región están de acuerdo en que Cataluña debe tener el poder de decidir sobre su futuro por medio de una votación reconocida por el Estado español.

Encarcelan líderes de la independencia El lunes, 16 de octubre, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el encarcelamiento de los líderes Jordi Sanchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, del grupo Ómnium Cultural, a quienes se les imputa un delito de sedición, por alegadamente dirigir y alentar las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Más de 40 mil personas marcharon para esas fechas, según reseñó El País, en contra de la detención de “11 altos cargos” que alegadamente se encargaban de la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre, que finalmente se llevó a cabo. Los encarcelados permanecerían presos, al menos hasta que culmine la investigación y se llegue a una determinación. El encarcelamiento de los líderes provocó multitudinarias protestas en Barcelona y aumentó la tensión entre la región y el gobierno central.

 

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