BARCELONA — El gobierno español rechazó el jueves la amenaza del líder de Cataluña de declarar la independencia si no se inician conversaciones, y convocó a una reunión especial de gabinete para el fin de semana con el fin de activar las medidas para asumir el control de los poderes semiautónomos de la región.
El presidente catalán Carles Puigdemont envió una carta al presidente del gobierno español Mariano Rajoy minutos antes de vencer el plazo fijado por el gobierno central para que se retractara de sus llamados a la secesión.
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“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia”, dice la carta.
Madrid respondió rápidamente en un comunicado que convocaba al gabinete para el sábado para iniciar el proceso de activación del Artículo 155 de la Constitución, que permite a las autoridades centrales asumir los poderes semiautónomos de cualquiera de las 17 regiones del país, Cataluña entre ellas.
Según el comunicado, el gabinete aprobará las medidas que se enviarán a las Cortes para proteger el interés general de todos los españoles.
Sería la primera vez que se aplica el artículo constitucional en las cuatro décadas desde que se restauró la democracia al cabo del régimen de Francisco Franco.
El gobierno español debe indicar exactamente las medidas que pretende aplicar en Cataluña y someterlas a votación en la cámara alta.
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El Partido Popular gobernante tiene mayoría suficiente en la cámara para aprobar la medida, pero Rajoy ha iniciado conversaciones con líderes opositores para tener su apoyo.
El gobierno estaba reunido el jueves por la mañana con dirigentes del Partido Socialista, principal de oposición, para decidir las medidas a tomar bajo el Artículo 155.
Puigdemont dijo en un discurso al parlamento regional el 10 de octubre que el referendo del 10 de octubre le dio mandato para declarar la independencia. Pero suspendió la aplicación de la proclama de secesión para pedir negociaciones con España y mediadores internacionales.
El gobierno respondió fijándole dos plazos a Puigdemont: el del lunes para responder con un simple “sí” o “no” a la pregunta si había declarado la independencia, y el del jueves para acatar las leyes del país.
