La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández solicitó por escrito ayer a la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández que oficiales de ese cuerpo acudieran al recinto de Río Piedras para dar cumplimiento a una orden judicial sobre la apertura de los portones de la institución que se encuentra en huelga.
Sin embargo, la jefa de la Uniformada descartó acceder al pedido de Fernández porque la Policía no es parte del pleito judicial y porque la política pública del gobernador, Ricardo Rosselló es respetar la “autonomía universitaria”.
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“Conforme a la sentencia del apelativo la cual requirió la apertura de los portones del Recinto de Río de la Universidad de Puerto Rico al 11 de mayo de 2017, respetuosamente solicitamos a la Policía de Puerto Rico, la cual usted dirige conforme a la política publica vigente, que nos certifique la posición y/o disponibilidad del cuerpo de la Policía para la ejecución de la misma. Agradeceré su respuesta sea de manera oficial e inmediata”, lee la comunicación electrónica de la presidenta interina de la UPR a la Superintendenta, a la cual Metro tuvo acceso.
Por su parte, Hernández, le responde que “La Policía de Puerto Rico no es parte en el pleito judicial contra la UPR y la política pública del gobernador es respetar la autonomía universitaria. En ese sentido, son los organismos universitarios los que tienen que propiciar el diálogo en la comunidad universitaria para dirimir sus diferencias y lograr la reapertura de la Universidad”.
En la Universidad hay una política de no confrontación desde hace décadas, por la cual usualmente no se llama a la intervención de la Policía en el Recinto.
La Universidad se encuentra en desacato de una determinación del Tribunal de Apelaciones que ordenó la apertura de los portones como resultado de una demanda radicada por un grupo de estudiantes que aboga por la institución abierta. El recinto de Río Piedras lleva un mes y medio en huelga estudiantil ante ele reclamo de que no se recorten $450 millones a la institución y que se audite la deuda pública. El Tribunal de Primera Instancia multó a la UPR en $5,000 iniciales por el desacato y $1,000 por cada día que permanezca cerrada. La presidenta interina y la rectora de Río Piedras, Carmen Rivera Vega fueron citadas el lunes al tribunal para mostrar los esfuerzos realizados para abrir los portones.
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Metro supo que Rivera Vargas renunciaría durante el día de hoy, mientras Fernández se mantiene en su cargo.
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