La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, confirmó esta tarde que envió ayer una comunicación electrónica a la Policía de Puerto Rico, en la que solicitó la posición oficial y la disponibilidad de la Policía de Puerto Rico para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, aunque aseguró que su finalidad era “confirmar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de no intervenir en el conflicto universitario”.
“Anoche se envió a la Superintendente de la Policía, Michelle M. Hernández de Fraley, un correo electrónico para solicitar la posición oficial y la disponibilidad de la Policía de Puerto Rico para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, a los fines de posibilitar el libre y seguro acceso al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico”, afirmó la presidenta interina en declaraciones escritas.
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“El propósito de la comunicación fue confirmar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de no intervenir en el conflicto universitario y que la Policía de Puerto Rico consignara su posición por escrito”, añadió Fernández Hernández.
No obstante, no quedó claro con qué intención –si no es que oficiales de la Policía de Puerto Rico acudan al recinto de Río Piedras para dar cumplimiento a una orden judicial sobre la apertura de los portones de la institución que se encuentra en huelga– la presidenta interina de la UPR envió ayer el mensaje a la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández.
“Conforme a la sentencia del apelativo la cual requirió la apertura de los portones del Recinto de Río de la Universidad de Puerto Rico al 11 de mayo de 2017, respetuosamente solicitamos a la Policía de Puerto Rico, la cual usted dirige conforme a la política publica vigente, que nos certifique la posición y/o disponibilidad del cuerpo de la Policía para la ejecución de la misma”, lee el correo.
La jefa de la Uniformada descartó acceder al pedido de Fernández porque la Policía no es parte del pleito judicial y porque la política pública del gobernador, Ricardo Rosselló es respetar la “autonomía universitaria”.
“Conforme a la sentencia del apelativo la cual requirió la apertura de los portones del Recinto de Río de la Universidad de Puerto Rico al 11 de mayo de 2017, respetuosamente solicitamos a la Policía de Puerto Rico, la cual usted dirige conforme a la política publica vigente, que nos certifique la posición y/o disponibilidad del cuerpo de la Policía para la ejecución de la misma. Agradeceré su respuesta sea de manera oficial e inmediata”, lee la comunicación electrónica de la presidenta interina de la UPR a la Superintendenta, a la cual Metro tuvo acceso.
