Los rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se expresaron como grupo en contra de los recortes que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno exigen a la institución, por considerarlos desproporcionados en comparación con otras agencias del gobierno, incluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial. Así mismo, pusieron a disposición los recursos de la Universidad para auditar la deuda pública.
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La expresión de los rectores surgió mediante una declaración escrita en la que destacaron que la UPR “ha contribuido grandemente al País a través de las aportaciones de sus egresados y del conocimiento generado por medio de la docencia y la investigación”. Destacaron el bagaje histórico de la institución a la que describieron como “dinámica y receptiva a cambios”. Los rectores exponen que las propuestas presentadas por el Gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal para atender la crisis que vive el país amenaza la existencia y la supervivencia del primer centro docente de la Isla.
“Nos oponemos enérgicamente al Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, mediante el cual se reduce prácticamente a la mitad el presupuesto operacional de la institución. Más aún, estamos indignados con la proyección contemplada por la AAFAF que amplía dicha reducción presupuestaria en un plazo de diez años a $512 millones. Este recorte es completamente desmedido y desproporcionado. Estamos dispuestos a contribuir responsablemente con la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico siempre y cuando se le dé un trato justo a la Universidad. En comparación con otras agencias del gobierno, incluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial, los recortes presupuestarios contemplados en el Plan Fiscal del Gobierno para la Universidad representan una responsabilidad económica mayor para la Institución. No es razonable pretender atender la situación de la crisis económica con recortes drásticos a instituciones como la Universidad sin proveer el tiempo suficiente para hacer el correspondiente análisis del impacto presupuestario”, exponen los rectores.
Así mismo apuntan a que la deuda es el resultado de las decisiones administrativas incorrectas de pasadas administraciones gubernamentales, por lo que defienden la auditoría de la deuda pública. Ante esto, ponen a disposición del Gobernador, de la Junta de Supervisión Fiscal y de cualquier otra entidad u organización ciudadana, los recursos humanos, especialistas y conocedores del tema de la UPR.
La expresión de los rectores surge luego que ayer el rector del recinto de Mayagüez, John Fernández Van Cleve pidió una acción de envío masivo de correos electrónicos al gobernador, Ricardo Rosselló y a la Junta de Supervisión Fiscal por el recorte a la UPR.
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Los rectores expusieron como sus principios:
- Proteger la autonomía de la Universidad y la independencia moral de su docencia de cualquier fuerza política, económica o de otra índole.
- Mantener el modelo de educación superior pública como un asunto de derechos humanos, orientado a propiciar la movilidad y responsabilidad social a través de sus servicios.
- Asegurar una educación superior pública de amplio acceso que redunde en el éxito estudiantil y no en el excesivo endeudamiento de los jóvenes universitarios desde antes de culminar su proyecto académico-profesional.
- Garantizar una oferta académica pertinente y actualizada cumpliendo con los más altos estándares de excelencia y de acreditacion internacional.
- Declarar que la Universidad de Puerto Rico trabaja para el éxito de sus estudiantes como líderes y profesionales emprendedores, ciudadanos autoexigentes y responsables en un sistema democrático que aspira al mejoramiento de la sociedad con creatividad, servicio y el reclamo permanente de justicia social.
- Reconocer que las unidades de la Universidad están interrelacionadas entre sí y con otras agencias del gobierno; por lo que, trastocar su integridad institucional es poner en riesgo el producto humano y los servicios que ofrece al pueblo.
- Valorar que la UPR es parte integral de un modelo de planificación regional que desde sus diversos perfiles académicos y socio-culturales convierte sus unidades en importantes catalizadores de las economías regionales frente a las necesidades del País.
- Garantizar que las tierras y otros bienes de la Universidad de Puerto Rico, por el poder de las leyes de Puerto Rico y por la voluntad de sus donantes o herederos, son parte del patrimonio institucional para las generaciones futuras y su uso está sujeto a las iniciativas de la comunidad universitaria.
- Reafirmar la política de convivencia, no-violencia en la Universidad y repudiar cualquier intento de promover la violencia contra los estudiantes que ejercen su derecho democrático a la libre expresión de forma pacífica.
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