La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó el miércoles, que oficiales federales detuvieron a cuatro individuos, supuestamente, mientras intentaban contrabandear 1,608 kilogramos de cocaína a Puerto Rico.
“Estas detenciones son una indicación clara del continuo éxito de la Fuerza de Huelga del Corredor del Caribe”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.
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Sostuvo que se ocupó una pistola Glock de 9 milímetros y 18 cartuchos de munición de 9 milímetros. La magistrada estadounidense Camille Vélez Rivé autorizó una denuncia contra Wilson Cuevas Alcántara, Evelio Rivera Jiménez, Tairo Martínez De Rosario y Juan Rodríguez por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína y posesión de cocaína.
La fiscal federal relató que el lunes, aproximadamente a las 12:00 de la madrugada, un avión de Aduanas y Protección Fronteriza detectó un buque que viajaba hacia el sur sin luces de navegación a aproximadamente 40 millas náuticas al norte de Dorado, Puerto Rico. La aeronave se coordinó con la Unidad Interceptor del CBP y la Guardia Costera de los Estados Unidos para interceptar el buque. La Unidad de Interceptor de la CBP llegó a una distancia corta del buque a aproximadamente cuatro millas náuticas al norte de la costa de Río Grande, e inició la interdicción del buque mediante la activación de sus luces azules, sirena y comandos verbales, pero el buque continuó a una alta velocidad de aproximadamente 30-35 nudos.
La Unidad de Interceptor de la CBP lanzó dos disparos de advertencia, pero el buque no se detuvo, por lo que dispararon seis rondas de desactivación a los motores del buque. Dos individuos fueron arrestados a bordo y los otros dos que habían saltado por la borda durante la persecución también fueron aprehendidos por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico.
Cuarenta y ocho pacas que contenían 1,449 ladrillos de cocaína, con peso aproximado de 1,608 kilogramos, fueron probados en campo y produjeron resultados positivos a la cocaína.
“Este es otro ejemplo de cómo nuestro plan contra el crimen, que establece una estrecha colaboración con las agencias federales, está produciendo grandes dividendos”, dijo la superintendente del Departamento de Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández.
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El caso es procesado por el fiscal auxiliar Carlos Cardona.
Los acusados se enfrentan a penas de prisión de 10 años, a cadena perpetua por las violaciones de narcóticos.
