Grupo HIMA San Pablo toma medidas drásticas ante crisis económica

El grupo proveedor de servicios de salud ha tenido que despedir empleados y promover ahorros para subsistir.

Por Metro Puerto Rico

El Grupo HIMA San Pablo determinó tomar medidas drásticas ante las dificultades económicas que se le han presentado, en especial, por “imposiciones de las compañías de seguros médico hospitalarios” y los “controles irrazonables de los pagos a los proveedores”.

Una carta a los accionista, con fecha del 15 de febrero, el presidente y gerente general del Grupo HIMA San Pablo, Joaquín Rodríguez, detalla que una de las aseguradoras del plan del Gobierno para el área de Aguas Buenas a Naguabo, le adeudan unos $39 millones “con atrasos”. Mientras, otra aseguradora negó la contratación del grupo en el área de Fajardo.

Ante esto se notifica que la gerencia inició el proceso del despido de empleados y reducción de gastos, el pago en especie para reducir pagos en efectivo, la eliminación del bono de Navidad en 2016 y la suspensión del pago de dividendos de las acciones preferidas desde el pasado febrero de 2017.

“Nuestra gerencia ha tomado estas recomendaciones con seriedad y las ha implementado inmediatamente”, establece la misiva de Rodríguez.

Entre las acciones a considerar no descarta reclamar legalmente a las aseguradores y a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico.

Ante el panorama de crisis, Rodríguez manifestó en la carta que esperan que la situación mejore para el año en curso y que espera reanudar el pago de dividendos para febrero de 2018, aunque reconoció que no puede asegurar el pago proyectado.

“Puerto Rico lleva varios años en crisis económica. Aunque originalmente los hospitales habíamos estado exentos de la crisis, cuando finalmente nos tocó, nos ha tocado en grande”, sostiene Rodríguez en su escrito.

Cabe destacar que en el Plan Fiscal del Gobierno se propone un nuevo sistema de salud público que pretende eliminar las regiones de los proveedores de salud y que la Isla sea una región única donde los beneficiarios puedan tener libre selección. Además, propone ahorros en el ofrecimiento de servicios y mayor fiscalización para las aseguradoras, proveedores y beneficiarios.

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