Los cambios que propone el Plan Fiscal en el sistema de salud del Gobierno busca generar sobre $270 millones en ahorros y beneficiar del plan de salud a unas 50 mil personas. No obstante, conocedores del tema apuntaron que el mayor ahorro se generará con un sistema universal de salud.
El presidente del Colegio de Médicos y Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, consideró que los cambios son positivos porque delimita los ingresos de las aseguradoras, pero que aún falta por llegar al sistema de salud óptimo.
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“Estamos de acuerdo con romper el monopolio de aseguradoras de las regiones. Es un paso de adelanto a donde queremos llegar, que es el plan de salud universal”, estableció Ramos en entrevista con Metro.
De otro lado, el doctor Eduardo Ibarra, planteó, igualmente, que el Gobierno generaría más ahorros implementando un sistema universal de salud con pagador único. Sin embargo, analizó que los ajustes económicos pueda generar los ahorros proyectados.
“Desde luego, probablemente, desde el punto de vista financiero esto sea efectivo, pero será efectivo a costa del sacrificio del pueblo. Todos tendrán que tener menos beneficios. El asegurado tendrá menos beneficios y cubiertas”, indicó Ibarra a este diario.
Además, Ibarra ve con buenos ojos los esfuerzos de fiscalización que puntualiza el plan para evitar el fraude y la malversación de fondos públicos locales y federales.
No obstante, ambos profesionales de la salud señalaron que estas medidas sobre Mi Salud tendrán que ser monitoreadas de acuerdo a cómo se implementen.
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Para la economista Martha Quiñones los cambios en el plan médico público necesita ser más preciso en sus propuestas y proyecciones de ahorros.
“Lo del sistema de salud tienen (el Gobierno) que explicarlo a fondo porque no se notan bien las economías que proyectan”, apuntó Quiñones.
La reforma del sistema de salud del Gobierno contenido en el Plan Fiscal propone eliminar las regiones de Mi Salud y convertir a la Isla en una región única. Los beneficiarios podrán escoger su aseguradora participante preferida.
Mientras, habrán ajustes creando tarifas uniformes para servicios y ganancias para los proveedores y las aseguradoras.
Pero, la cobertura base que subvenciona el Gobierno no incluirá el pago total por servicios no esenciales. No obstante, se acordará con el paciente los pagos por los servicios no esenciales como el de ciertos medicamentos, dental, enfermera privada, prótesis, terapias físicas y ocupacionales, optometría, hospicio, dispositivos para desórdenes auditivos y de lenguaje.
El plan propone establecer la tasa el 70% como la adecuada para la compensación a los médicos en base a las tarifas de pago de Medicare del año fiscal 2015.
De otro lado, en alianzas con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Salud, el Managed Care Organization y otras jurisdicciones de Medicaid (Florida y Nueva York) se buscará identificar con mayor precisión a los beneficiarios por los cuales el Gobierno sigue pagando la prima, mientras no reciben servicios porque no se han dado de baja del sistema, ya sea por casos de migración, por fallecimiento, encarcelación, entre otras situaciones.
Otro aspecto del plan es que implementa la Unidad de Fraude al Medicaid para investigar y procesar legalmente a pacientes y proveedores de servicios de salud que cometan fraude o malversen los fondos públicos.
Además, establece el Sistema del Manejo de Información del Medicaid para crear una plataforma para acreditar proveedores, determinar elegibilidad y autorizar y pagar reclamaciones.
En cuanto a los medicamentos, se busca promover como alternativa principal la dispensación de medicinas genéricas. Además, se canalizarán vías para comprar medicamentos a costos más bajos.
