Además de un aumento en la matrícula a los estudiantes de bachillerato, de $57 a $157 por crédito, la Junta de Control Fiscal pidió en una carta dirigida a la Universidad de Puerto Rico (UPR) un alza en el costo de estudios en programas especializados, como Medicina y Medicina Dental, que según miembros del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) pondría en riesgo la salud del país.
Y es que en un país donde los galenos ganan hasta tres veces menos que en otras jurisdicciones de los Estados Unidos —según el Colegio de Médicos Cirujanos—, la idea de terminar la universidad con una deuda más profunda no sería un disuasivo para detener el continuo éxodo de profesionales de la salud, indicó Noel Aymat, exrector del RCM.
Más aún, opinó el dentista, el alto costo de estudios podría cerrar la puerta a cientos de jóvenes de comunidades desventajadas, que luego de graduarse son “quienes regresan a su lugar de origen a dar servicios”.
En Puerto Rico, de acuerdo con cifras del Colegio de Médicos Cirujanos, hay solo 9,000 médicos para atender a una población de 3.4 millones de habitantes.
Según la carta enviada ayer por el ente fiscal creado por la Ley Promesa a la institución y al Gobierno, sus miembros insinuaron la posibilidad de aumentar a casi un 50 % el costo en dichos programas académicos de salud, equiparándolos a universidades estadounidenses y a programas locales privados.
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“La matrícula anual para la Escuela de Medicina de la UPR, por ejemplo, es de $ 9,200 para el año fiscal 2018, en comparación con la matrícula estatal de $ 25,000 a $ 40,000 en universidades públicas de Estados Unidos y $ 34,000 a $ 57,000 para otras universidades privadas en la isla. El plan debe incluir cambios significativos en la matrícula de posgrado para que refleje los costos de programas comparables en universidades privadas, así como de los Estados Unidos”, cita la carta de la JCF.
56 % de los alumnos en el Recinto de Ciencias Médicas solicitan préstamos
Para Aymat es imperativo que sean los mismos programas del centro académico los que establezcan el análisis para aumentar los costos de estudio, porque es su personal el que conoce las particularidades de cada departamento, sobre todo lo concerniente a las acreditaciones.
“Las acreditadoras no están en contra de aumentar la matrícula, pero están atentas a que no se tome como única solución para cuadrar la caja”, argumentó el catedrático.
Mientras, Marysel Pagán, presidenta del Consejo General de Estudiantes del RCM, concordó con las palabras de Aymat y destacó que un 56 % de los alumnos de este recinto solicitan préstamos para cursar sus grados. Denunció que la carta de la JCF además de solicitar el aumento en la matrícula, también pide la eliminación de las exenciones. En el caso de Ciencias Médicas, agregó, un gran número de alumnos depende de los programas de ayudantía para estudiar, y además es una forma de incentivar la investigación a tiempo completo.
Gobernador —y ahora Hillman— “sigue sacando pecho”
Ante preguntas de la prensa sobre la carta de la JCF en que solicita los aumentos de matrícula, así como otros ajustes al plan fiscal de la UPR, el gobernador Ricardo Rosselló reiteró su posición de que el ente fiscal se “excede” en sus funciones y hasta lo catalogó de querer ser el famoso personaje boricua Cuca Gómez.
En conferencia de prensa junto a Darrell Hillman, presidente del primer centro docente del país, el mandatario indicó que “la Junta de Control Fiscal no puede dictar la política pública de la UPR. Puede establecer parámetros fiscales y la Junta de Gobierno definirá cuáles son las estrategias para lograr esos ahorros, pero no pueden decir por dónde”.
Sus palabras concuerdan con lo expresado en días pasados, cuando el ejecutivo, a través de un mensaje televisivo, se opuso a la propuesta de reforma laboral de la JCF, que proyecta una reducción en las licencias de enfermedad y vacaciones de los trabajadores, pero sin un aumento de salario, como la actual administración había proyectado.
Por su parte, Hillman manifestó que las medidas de control de gastos que tomará el primer centro docente no afectarán a los empleados, luego de que la JCF también pidiera una reducción de un 17 % en las pensiones de sus retirados.
“Nosotros seguimos con la política de que no vamos a afectar a nuestros empleados, tanto la parte docente como no docente. […] Lo importante es llegar al recorte. Ya llegamos sin problema el recorte de $220 millones y nos quedan $220 millones y tenemos la capacidad de lograrlo”, agregó el presidente interino.