Shakira está una vez más bajo la lupa de las autoridades españolas por presunto delito de fraude fiscal. Sobre la colombiana pesan seis acusaciones de esta naturaleza, lo cual podría llevarla a cárcel.
Autoridades están trabajando para determinar si la pareja de Gerard Piqué es residente fiscal de España. De comprobarse ello, Shakira está obligada a pagar los impuestos del país.
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La deuda de la cafetera, según el portal Hispano Post, escalaría a 14.5 millones de euros. El valor podría ser mayor ya que la colombiana es una marca casi imparable y es una de las personalidades más seguidas en el mundo y la tercera en Latinoamérica.
Postura de Shakira
La defensa de Shakira ha tratado de desmontar la acusación de fraude fiscal, aduciendo que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que, hasta 2015, su presencia en España no superó los 183 días anuales que la obligaban a tributar en este país.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista y un inspector de la Agencia Tributaria han comparecido este jueves ante la titular del juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), que la investiga por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
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La querella de la Fiscalía se basa en informes de la Agencia Tributaria que sostienen que la cantante eludió el pago de impuestos a la Hacienda española simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
El técnico de Hacienda y el perito fiscal designado por Shakira han declarado conjuntamente ante la juez, en una comparecencia en la que han contrapuesto sus tesis en relación con el principal objeto de discusión entre acusación y defensa: si la cantante vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.
La defensa de la artista colombiana argumenta que, durante los ejercicios investigados, ésta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, una acreditación que los inspectores de la Agencia Tributaria no reconocen a efectos de residencia fiscal.
