Opinión de Denis Márquez | Impuesto a empresas foráneas: Breve reflexión

Lee la columna de opinión del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón.

Por Denis Márquez

Desde que el Congreso de EE.UU. eliminó la Sección 936 en 1996, y tras el período posterior de diez años de desfase, las distintas administraciones del PNP y el PPD han intentado—sin éxito—poner en marcha un sistema contributivo que responda a las necesidades fiscales del país. Antes de que la susodicha sección del Código de Rentas Internas estadounidense fuera eliminada, el PIP había articulado una propuesta contributiva abarcadora mediante la cual, no solamente se aumentaban los recaudos del fisco sino que, además, se lograría la tan necesaria equidad en la distribución de los ingresos mediante la justa carga impositiva a los distintos sectores de nuestra sociedad.

Como sabemos, las propuestas de reforma contributiva del PIP nunca han sido escuchadas. Sin embargo, en el 2010 se aprobó la Ley 154, que impone un arbitrio especial a las empresas manufactureras del exterior (foráneas) que operan en Puerto Rico. Desde entonces, dicho arbitrio ha representado alrededor de $2,000 millones anuales o cerca de una quinta parte de los ingresos de Hacienda. Este impuesto recoge –aunque de forma un tanto distinta—el reclamo histórico del PIP para que las grandes corporaciones estadounidenses aporten más a las finanzas públicas, con la enorme ventaja para dichas empresas de que han podido reclamar en la planilla que radican en EE.UU. un crédito por la cantidad pagada en Puerto Rico. De ahí que este impuesto no ha constituido una penalidad ni una confiscación de los ingresos que generan estas corporaciones.

En este momento se discute en el Congreso cuál va a ser la suerte del crédito aludido, así como la forma mediante la cual se aplicará en Puerto Rico el impuesto global de 15% a las empresas multinacionales. Como consecuencia de nuestra situación colonial, al no poder firmar un acuerdo contributivo con EE.UU., la decisión que tome el gobierno y el Congreso de ese país tendrá un efecto potencialmente demoledor sobre cerca del 20% de los recaudos de Hacienda. Esa cruda realidad está sobre nosotros. Urge que reclamemos los poderes políticos de la independencia para evitar que incertidumbres como las que he descrito le impongan una restricción adicional a nuestras posibilidades de desarrollo pleno y autosostenido. Desde el PIP continuaremos batallando en esa dirección.

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