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La pasada semana vimos otro lamentable caso de corrupción gubernamental, esta vez en el Municipio de Cataño. Y como ha sucedido en el pasado, con cada caso se destruye aún más la confianza de la ciudadanía en su gobierno. Es una herida que no sana. Pero con todas las leyes, agencias fiscalizadoras y reglamentos que hoy existen, ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de actos? Las razones son muchas. Una de ellas es, sin duda, la falta de transparencia en los procesos públicos. No perdamos de perspectiva que, en el caso de los funcionarios electos, el pueblo es nuestro jefe inmediato y a quien nos debemos. Es su propiedad y sus recursos los que administramos mientras ocupemos el cargo. Por lo tanto, abrir los procesos públicos para que la prensa y los ciudadanos puedan observarlos y fiscalizarlos será, sin lugar a duda, un paso importante para identificar y hasta disuadir conducta corrupta.
La corrupción gubernamental perjudica directamente los servicios que se le brindan a la gente y afecta colateralmente las pequeñas y medianas empresas que sostienen gran parte de la economía del país, principalmente desde los municipios. Sin embargo, no debemos penalizar la operación municipal por el hecho de que pueda haber algún alcalde que utilice mal las facultades que tiene. Esa no puede ser la respuesta. Soy fiel creyente en la municipalización y regionalización de servicios para garantizar que le sean cubiertas las necesidades de los ciudadanos de una manera ágil y efectiva. La mira legislativa tiene que estar en aumentar la transparencia en los procesos y las operaciones del gobierno y de los municipios para obtener las más amplia fiscalización posible, y en revisar los organismos de fiscalización.
Por mucho tiempo, Puerto Rico ha tenido el andamiaje para combatir la corrupción, identificar los casos y procesarlos de manera justa. Sin embargo, es momento de revisar la operación, los recursos y la efectividad de la Oficina del Contralor, el PFEI y la Oficina de Ética Gubernamental para ver si lo que en un momento dado funcionó bien sigue siendo el andamiaje adecuado o si hay que hacer ajustes inmediatos a nivel legislativo para atemperar nuestras agencias de lucha contra la corrupción a los nuevos tiempos.
