Opinión de Denis Márquez: Un terrible denominador común

Lee la columna de opinión del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón.

Por Denis Márquez

Recientemente, miles de personas nos lanzamos a la calle para protestar y expresar nuestra indignación en contra del contrato entre LUMA y el gobierno. Los constantes apagones que perjudican a miles de personas son responsabilidad de LUMA, como quedó demostrado en mi turno de preguntas durante una vista pública en la Cámara de Representantes. Este contrato es el inicio de un proceso dirigido a privatizar la AEE. El próximo paso es la privatización de la generación de energía. La AEE y LUMA pretenden adjudicar los apagones al problema de generación de energía, obviando convenientemente—como surgió en vistas públicas—que el problema principal ha sido la irresponsabilidad de los gobiernos de turno en la AEE de no proveer mantenimiento por años a sus propias plantas generatrices, una estrategia terrible para destruir nuestro sistema eléctrico y sentar las bases para la privatización.

De igual forma, los estudiantes universitarios, trabajadores, pensionados, sindicatos y el país en general han expresado su indignación y oposición al proyecto 1003 que pretende hipotecar el futuro del país, que mutila los sistemas de retiro, congela la vida futura de los pensionados, asfixia nuestra universidad pública, entrega a las grandes empresas norteamericanas de bonos el dinero de los servicios esenciales, paga una deuda ilegal y no auditada, reproduce el esquema de endeudamiento para llevarnos a una nueva quiebra y perpetúa la crisis económica y social.

Todo esto tiene un denominador común: la Junta de Control Fiscal, ente colonial impuesto por el Congreso de los EE.UU. a través de la Ley Promesa, agencia de cobro de los bonistas, custodios de los grandes intereses y promotor de un neoliberalismo económico que expande la desigualdad social. El mismo organismo que gasta millones de dólares de fondos públicos de nuestro país para promover la pobreza, miseria e injusticia mientras objetan—sin pudor alguno— la utilización de fondos para poner en ejecución la Ley 22-2021, que crea la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda en el Gobierno para hacerle justicia a este sector de nuestra sociedad. Seguiremos luchando para acabar con la Junta y el colonialismo que la crea.

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