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La discusión del proyecto de ley de la Cámara 1003 continúa. Lo que supuestamente iba a ser un trámite expedito en ambas cámaras, se encuentra detenido ante múltiples enmiendas y denuncias sobre la consecuencias que tendría en diversos sectores, pero, sobre todo, en el país, pues la emisión de bonos que propone la medida, consecuencia directa del Plan de Ajuste de la Deuda, tendría terribles efectos en el presupuesto, en el funcionamiento del Gobierno y en los servicios a la ciudadanía.
En las recientes declaraciones públicas de la Junta, insisten en su plan de ajuste y en aprobar legislación sin ningún tipo de garantía para el futuro de los pensionados, los empleados públicos y nuestro futuro como país. Ni los legisladores que favorecen este proyecto ni el ejecutivo contestan cuáles son los cambios al presupuesto vigente y los próximos, dónde quedará la defensa de la ley de Retiro Digno con aprobación del proyecto y la derogación implícita al aprobar el 1003, dónde está el análisis de las consecuencias en la economía que tendría la nueva emisión de bonos—reclamo de diversos economistas y ex funcionarios públicos—y, ante la precariedad de nuestros servicios públicos, cuál será el efecto en la salud, educación, las protecciones a la niñez, la congelación y reducción de las pensiones, la privatización de los sistemas de retiro en el futuro de los actuales empleados, el reclutamiento de nuevos servidores públicos y la mutilación del presupuesto de la UPR.
A todo esto debemos añadir que nunca se auditó la deuda, la legalidad de diversas emisiones, ni los responsables legales de nuestro endeudamiento. Para colmo, desde la legislatura, algunos establecen distancia de las responsabilidades de los gobiernos PNP y PPD en las pasadas emisiones de bonos y sus consecuencias para el país, cuando están repitiendo el mismo proceso de legislar en varios días, en clara aceptación de un draconiano plan de ajuste de la deuda.
En el hemiciclo señalaban que se tenía que aprobar la legislación, pues existe la Junta, existe la Ley Promesa, señalaban que no hay alternativa, pero desde el 2016 lo advertimos: la Junta es colonial y la alternativa es enfrentarnos políticamente a ella, defender el país y exigir la descolonización e independencia de Puerto Rico.
