Opinión de Alejandro Figueroa: Manos atadas ante posible cierre federal

Lee la columna de opinión del abogado estadista, Alejandro Figueroa.

Por Alejandro Figueroa

El 1 de octubre, el gobierno federal podría cerrar sus puertas ante el impasse que existe en el Congreso—aún cuando la Cámara de Representantes es dominada por los Demócratas y el Senado está dividido en partes iguales—para aprobar el Build Back Better Act (BBBA) mediante el cual se pretenden desplegar una variedad de iniciativas cuyo costo aproxima los $3.5 trillones. ¿Qué significa este cierre para el gobierno federal? O más importante aún, ¿cómo afecta a Puerto Rico dicho cierre?

En primer lugar, debemos recordar que este no es el primer cierre del gobierno federal, habiendo ocurrido el último en el 2013 bajo el mandato del presidente Obama y previo a esto bajo la Administración del presidente Clinton, en cuya ocasión cerraron en dos instancias: la primera duró 5 días y la segunda 21 días (a la fecha el tranque más largo en la historia).

El tranque que existe actualmente en el Congreso gira en torno a los fondos que son necesarios para implantar una serie de programas de beneficencia social que forman parte del BBBA y un plan abarcador para la reconstrucción y el mejoramiento de la Infraestructura a nivel nacional, conocido como el Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). El trámite legislativo en cuanto al BBBA y el IIJA han provocado división interna entre los demócratas. Los moderados aún no están completamente de acuerdo con una sola versión del BBBA dado a su costo, mientras que los progresistas hacen todo lo posible por que se apruebe. Como consecuencia, los progresistas amenazan con matar o bloquear el IIJA hasta tanto el BBBA sea aprobado por el Senado.

Más allá de quién tiene la razón entre los bandos demócratas, lo cierto es que, al final del camino, somos los ciudadanos americanos quienes nos afectamos con dicho tranque. Peor aún, en el caso de Puerto Rico las consecuencias son devastadoras ante el maltrecho panorama económico en el que nos encontramos.

Los efectos del cierre federal en la Isla son preocupantes. Más de 10,000 empleados federales quedarían cesanteados temporeramente. Esto implica que, más allá de la merma de ingresos para estos individuos, los servicios que se ofrecen cerca dichas dependencias, como son los servicios de alimentos, así como los servicios que se ofrecen directamente a las agencias federales como seguridad y limpieza, verán su volumen de negocios reducido.

Por otro lado, muchas de las instalaciones turísticas más visitadas por los miles de turistas que llegan diariamente a la isla son operadas por el gobierno federal. Dichas instalaciones no operarán mientras dure el cierre federal, afectando directamente la industria del turismo, así como otras industrias que indirectamente se benefician del flujo de los turistas a estas instalaciones.

Así las cosas, este cierre trae nuevamente a la discusión los problemas que le causa a Puerto Rico vivir bajo un estatus colonial. Nuestro único representante en el Congreso no tiene el poder de defendernos con su voto. Es decir, el ELA limita nuestra participación y poder decisional en los asuntos medulares que se discuten en el gobierno federal, como lo es la aprobación del presupuesto y el cierre del gobierno. Es por eso que reiteradamente hacemos énfasis en que necesitamos resolver nuestro problema del estatus lo antes posible. Es por eso que, de una vez y por todas, debemos reconocer que la igualdad solo se consigue bajo la estadidad.

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