“Que tenga buenas noches”. Esa frase, lanzada con un dejo de indiferencia a Andrea Ruiz el 26 de marzo por la jueza Ingrid Alvarado se sintió como frase lapidaria. Durante casi 10 minutos la mujer narró ante la jueza los detalles de un patrón de acoso que le hacía temer por su vida. Allí contó cómo su expareja le acosaba. Cómo merodeaba su casa y activaba la alarma de su carro. Cómo obtuvo sin su consentimiento fotos íntimas con las que planificaba chantajearla. Violar su dignidad. Cómo le perseguía en el estacionamiento de su trabajo. Un evidente patrón de acoso que le hacía sentir insegura.
Pero los 10 minutos de aquel relato no fueron suficientes para provocar el interés de la jueza Alvarado quien no realizó ni una sola pregunta. La empatía requerida en casos como este pareció sucumbir a una prisa que dejó establecida desde el comienzo de aquella vista que quizá pudo evitar lo peor. El deseo de conocer el alcance de los temores de la mujer se vio sustituido por una queja constante que se centraba en la forma y no en el contenido.
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“7:50 de la noche”, lanzó firme al iniciar los procesos. “¿Por qué no se presentó el caso miércoles sino viernes?” le preocupaba. Como si el día de radicada la petición alterase la gravedad de las imputaciones. “¿Y por qué radicaron a esta hora?”, añadió. Como si la importancia de lo descrito fuera directamente proporcional a la hora de la denuncia. Como si los temores y las amenazas pudieran esperar a verse solo bajo la luz del día.
“Ok!” ripostó en un tono que destilaba iguales dosis de ironía y desdén, poco después de escuchar las respuestas para las únicas preguntas que entendió pertinentes a pesar de tener frente a sí a una mujer que temía por su vida. “¿Algo más dama?” añadió a su limitado interrogatorio. “Agente, ¿algo que añadir?”, sumó. Y entonces soltó esa frase tan fría como indiferente. “Con la prueba sometida, el tribunal determina no causa. Que tenga buenas noches”, lanzó. Y entonces era fácil comprender por qué la negativa de la mayoría del Tribunal Supremo (a excepción de la jueza presidenta Maite Oronoz y los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colón) de divulgar la grabación de lo ocurrido en sala. Lo contenido allí confirmaba todas nuestras sospechas. Andrea tenía razón. La jueza fue indiferente. Ignoró el pedido de auxilio y abandonó a la joven a su suerte. Sin protección y decepcionada, Andrea regresó a su casa. Poco después fue asesinada por ese mismo hombre al que le dijo a la jueza que temía.
Por eso no quisieron divulgar la grabación. Por eso no rectificaron a pesar de los recursos radicados por el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en los que se pedía reconsideración. Por eso no quisieron que supiéramos su contenido. Haberlo hecho habría sido darnos en bandeja de plata la confirmación de que el derecho y la protección de las víctimas no siempre transitan la misma vía. Afortunadamente, los tejemanejes del derecho no son la única vía para tener acceso a la verdad. En esta ocasión, a pesar de los tribunales y no gracias a ellos, la palabra de Andrea ha quedado validada y, ojalá, a tiempo para lograr hacer justicia a su memoria. Los miembros de la judicatura que intentaron evitar que así fuera han quedado en evidencia. Señores honorables, gracias por nada.