Un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) mostró que 33.2 % de la población puertorriqueña, de 18 años o más, vivía con el temor de inseguridad alimentaria.
Ese estudio, que se trabajó durante el año 2015, antes de los estragos de los huracanes Irma y María y que se ha divulgado bajo el título Módulo sobre seguridad alimentaria de Puerto Rico 2015, define la seguridad alimentaria como “la disponibilidad, en todo momento, de suficientes suministros de alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones en la producción y los precios”. Ciertamente, la gran cantidad de alimentos que se importa a Puerto Rico hace que esa inseguridad se pronuncie cada vez con más fuerza.
Expertos han señalado que, en pleno siglo XXI, en nuestra isla importamos el 80 % del total de alimentos que consumimos, un dato escandaloso si consideramos que una buena extensión de nuestros terrenos ha sido destinada al desarrollo urbanístico. Hemos cambiado la tierra por el cemento.
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Lo crítico de la situación es que si mañana cerraran todos nuestros puertos marítimos, el país solo tendría una reserva de alimentos que a duras penas abastecería por menos de 60 días a nuestros habitantes.
Hace varios años, estudiosos de la firma Intelligence Forecasting advirtieron a los principales ejecutivos de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) que, si seguimos el rumbo que llevamos en relación con nuestra producción alimentaria, bastaría solo una década para que las empresas que distribuyen alimentos en la isla desaparecieran.
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Esa predicción se enmarcó en un análisis económico, social y ambiental en el que, según se informó, intervienen variables que inciden sobre ese sector, como factores climáticos, volatilidad en los mercados y la erosión de la competitividad del país.
Como resultado de aquella disertación, se planteó la urgencia de armar un plan estratégico para trabajar con la producción de alimentos en Puerto Rico que también incidiera en procesos sociales y educativos.
Poco hemos avanzado desde entonces, aunque representantes de la Asociación de Agricultores están hartos de advertirnos de lo cerca que nos encontramos de una crisis en el suministro de alimentos, ahora más tras la experiencia de la devastación del huracán María sobre nuestra agroindustria.
El problema se agrava si consideramos que, por ejemplo, se estima que en Puerto Rico más de la mitad de nuestras tierras yacen cubiertas de hormigón. Esto es, sin duda, consecuencia de un movimiento desarrollista que no solo ha desmembrado el centro de las grandes ciudades y los municipios, sino que se ha lanzado a asaltar los campos del país para convertirlos en pequeños bloques de concreto.
Datos del Censo Agrícola Federal reflejan que, en la última década, Puerto Rico ha perdido casi 20 % de su suelo agrario, situación que no atisba cambios al menos que se detengan los proyectos de construcción que dejan marcada la huella de la expoliación.
Si calculamos el resultado neto de las prácticas urbanísticas que hemos vivido en el paso medio siglo, encontramos menos espacios verdes, empeoramiento de las condiciones ambientales, escasez de recursos naturales como el agua, crisis energética, reducción de los hábitats para nuestras especies y, lo que es más grave, menos tierra para uso agrícola.
Estas secuelas son todas engorrosas, pero provoca más consternación la reducción continua de nuestros terrenos aptos para la siembra porque, ante el inminente peligro que acecha al mundo por la posibilidad de una escasez de alimentos, enfrentaríamos unos riesgos de grandes proporciones.
Aun así, aunque nuestra geografía ha sido maltratada nos resta suficiente extensión de tierras, tanto en zonas montañosas como en llanos costaneros, para producir cantidades significativas de alimentos. Pero lo más importante es que se establezcan políticas públicas dirigidas a incentivar la producción agraria y se desarrollen medidas para favorecer a los agricultores nacionales frente a los mercaderes que viven de la importación de alimentos.
Sin duda, de todos los retos que desafiamos los puertorriqueños de cara a armar un proyecto de país que aliente las posibilidades de gozar un mejor futuro, destaca la urgencia de concertar nuestro propio modelo de soberanía alimentaria.
Mas el reto hay que asumirlo con el rigor y la responsabilidad política que requiere, lo que sugiere atender también las limitaciones políticas que nos impone nuestra condición colonial.