Se ha anunciado el resultado de la investigación encomendada por el Gobierno a la Universidad George Washington sobre las muertes por el huracán María y ya todos conocemos el número: son cerca de tres mil los fallecidos. Una verdadera catástrofe la vivida en Puerto Rico durante el pasado año.
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La crisis no ha terminado. Aunque estamos, poco a poco, acostumbrándonos a una nueva realidad social y económica, a un entorno distinto en infraestructura y en la familia. Todavía resta mucho por hacer. Muchas viviendas siguen con toldos azules, el sistema eléctrico sigue inestable y mucha gente es más pobre ahora que hace un año, sin esperanza de que eso cambie en el futuro cercano. La reconstrucción no ha comenzado en espera de la millonada que tanto se ha cacareado que vendrá desde Washington. Las mejoras que se observan surgen únicamente de los pagos de las aseguradoras. Todavía urge la conversación sobre la construcción de una infraestructura más estable a todos los niveles, un desarrollo económico sustentable y, sobre todo, ante una próxima emergencia, sobre un plan de respuesta que sea verdaderamente eficaz. El informe es claro al señalar que el plan fracasó, fue inoperante y obsoleto.
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A casi un año del huracán, las reacciones de las instituciones gubernamentales siguen siendo desproporcionadas a la catástrofe que nos retrata GWU y que antes nos reflejaron los análisis de las universidades de Harvard y Penn State. Sin hablar de los relatos y vivencias que todos hemos tenido en medio de la desgracia. Tampoco hablemos de la pobre respuesta de Washington. Hablemos de los oficiales electos de Puerto Rico.
No es momento para anunciar desde el Gobierno monumentos o conciertos. Fue chocante escuchar al gobernador anunciar un monumento a los fallecidos, en la conferencia de prensa que se transmitía en directo, a nivel nacional y en muchos medios internacionales. Era momento para reconocer fallos, adjudicar responsabilidades en el equipo de trabajo que fracasó en esa tarea, anunciar consecuencias y remedios, tampoco más comisiones evaluadoras.
Tampoco es momento para conciertos en el coliseo Roberto Clemente, como anunció la alcaldesa de la capital, para, según ella, honrar la cría boricua en este pasado año. Cualquier centavo disponible debe utilizarse para poner techos y seguir calmando el dolor del que aún padecen muchos. Usar dinero para fiestas es inaudito.
Nuestros oficiales de gobierno parecen seguir lelos ante un país que, en el pasado año, se empobreció, se vació, quedó golpeado, y que aún busca —sin encontrarlos— rayos de esperanza para poder afirmar: me quedo aquí para criar a mis hijos y echar p’alante.
