El consenso es ya ensordecedor. Desde todas las esquinas políticas, escuchamos a gritos los reclamos en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. Todos aparentan querer desarticularla, retarla y negarle recursos. Nadie, sin embargo, luce capaz de delinear una estrategia realista para deshacernos de esa imposición colonial y, a su vez, atender los retos fiscales y económicos muy reales que nos aquejan. Una posible solución es enfrentar la negación de nuestro derecho como pueblo a gobernarnos con más transparencia y democracia participativa.
La desobediencia teatral de algunos por supuesto tiene sus límites. A manera de ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló, luego de haber dicho que se atrevía a “hacer lo que sea para salvaguardar los principios de los que estoy hablando”, dijo que no firmaría una resolución conjunta, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau y avalada por unanimidad en la Cámara Alta, para quitarle el presupuesto a la Junta.
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De igual forma, tienen sus límites aquellos que, simplemente, se quedan en la resistencia contra la Junta y no plantean alternativas para sacar a Puerto Rico del atolladero. Seamos intelectualmente honestos: estamos donde estamos por una combinación de factores, muchos de los cuales son responsabilidad de la clase política criolla. La Junta es un agravio a nuestro pueblo, nos infantiliza, pero intenta ser una contestación a los problemas fiscales y de gobernanza del país. ¿Qué alternativa promueven quienes únicamente se enfrentan a la Junta?
Por otro lado, ¿cómo atenderíamos problemas inmediatos y urgentes en ausencia de la Junta? Recordemos que la Junta es solo un elemento dentro del entramado legal conocido como PROMESA. Y es, sin lugar a dudas, un elemento crítico, ya que el Congreso insertó ese cuerpo rector en la ley a cambio de concesiones en cuanto al tema de la deuda —la capacidad de reestructurarla en el ámbito estatal, por ejemplo— a las que ni siquiera los 50 estados tienen acceso. Por ende, si se eliminara la Junta y se levantara la moratoria en el repago de la deuda, ¿cómo lograríamos costear los cerca de $4,000 millones anuales que nos comprometimos a pagarles a nuestros acreedores?
Reconozcamos también que la Junta, al menos en su diseño, sirve para quitarles a los políticos el poder de decidir sobre temas que, por la naturaleza de cualquier sistema democrático, resultan incómodos para personas que deben presentarse ante un electorado con cierta regularidad. En otras palabras, se supone que le permita a los miembros de la Junta la libertad de tomar las decisiones difíciles pero necesarias que a cualquier funcionario electo le podrían costar su puesto. Este arreglo, además, parte de la premisa de nuestra incapacidad como pueblo para tomar decisiones acertadas.
Nuestra respuesta, más allá de la pantomima rossellista o de la resistencia idealista, debe ir dirigida a contestar con fuerza y con inteligencia esa premisa. Hace falta más democracia, no menos. Hace falta que el ciudadano se sienta dueño de su gobierno, como se siente dueño de su empresa o su casa. Ese sentido de pertenencia viene acompañado tanto de derechos como también de deberes y responsabilidades. El freno a las motivaciones electorales de los políticos debe venir del pueblo, no de un ente externo. Es hora de arrebatarles de las manos de los políticos, tanto como de las manos de los integrantes de la Junta, el poder de decidir sobre nuestro futuro.
Como en decenas de estados y países, debemos enmendar la Constitución para que cualquier impuesto nuevo o aumento a un impuesto existente tenga que ser ratificado por el pueblo en una elección. Dicho proceso eleccionario proveería una oportunidad para debatir abierta y transparentemente los méritos y la necesidad de los recaudos que recibiría el Gobierno. Haría más difícil la protesta fácil que enfrenta los intereses de un gobierno abstracto a los de “la gente”.
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Debemos también enmendar la Constitución para que cualquier préstamo futuro tenga que ser aprobado por la votación del pueblo. Cada uno de los empréstitos propuestos deberá, además, identificar la fuente de repago y, de requerir un aumento en los recaudos del Estado, este deberá ser refrendado por el electorado. Según Reuters, un total de 682 elecciones en los ámbitos estatal y local se celebraron en Estados Unidos en 2016 para que la gente de cada una de esas jurisdicciones decidiera si emitir un total colectivo de más de $70 mil millones en deuda.
Estas propuestas comenzarían a articular una respuesta contundente a la intención del Congreso de ponernos bajo la tutela de unos tecnócratas no electos. Demostrarían, más allá de las palabras vacías y las acciones huecas, que Puerto Rico ha ideado una forma de frenar los excesos del pasado, no devaluando su democracia, sino engrandeciéndola.
