El plan, en todas sus versiones, domina la agenda de la discusión pública, y con razón. Después de todo, los planes fiscales determinarán el futuro del país en todos sus ámbitos. Desde la estructura del Ejecutivo hasta la educación, pasando por la salud y la cultura. Todas las versiones vislumbran cambios y parten de la premisa de que el Gobierno es demasiado grande y costoso. Por eso, se proponen machetazos vigorosos a la salud, la educación y hasta el arte. Se propone la venta de instituciones como el Centro de Bellas Artes, la Escuela de Artes Plásticas, la Corporación del Conservatorio de Música. Por no hablar de la eliminación del canal de televisión del país, WIPR. También pide la privatización del Centro Medico, el Hospital Cardiovascular, los hospitales universitarios y psiquiátricos, por no hablar de los aeropuertos regionales, las colecturías, el Departamento de Corrección y la federalización de la Junta de Planificación o el tan necesario Instituto de Estadísticas. En fin, que los planes arrasarían con el país como lo conocemos. Y aunque resulta evidente que algunos de los cambios a la estructura del Gobierno se deben realizar, resulta importante obtener una respuesta a la pregunta sobre qué país nos quedará al final de los cambios, y si ese —el que resulte del proceso—, es el país que aspiramos tener. Si la respuesta a esa pregunta es no, y si los cambios que propone la Junta de Supervisión Fiscal no son compatibles con los deseos de los ciudadanos, entonces no queda más remedio que la oposición.
El Gobierno dice que se opone, que no dará paso a medidas de austeridad que los economistas han denunciado como inadecuadas y que podrían dejarnos en una peor situación que la de hoy. Reducción en las pensiones y los empleos del Gobierno, o algunos de los beneficios de los empleados, por ejemplo. También ha dicho que se enfrentará a la Junta en los Tribunales si fuera necesario. Pero si la oposición es real y parte del entendimiento de que la agenda de la Junta no es la agenda del país, resultaría lógico que la oposición del Gobierno se plante firme.
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En el discurso, el Gobierno se ha unido a los cuestionamientos de los ciudadanos sobre los altos gastos de los miembros de la Junta y sus pedidos de aumento presupuestario, mientras, por otra parte, insisten en la precariedad para el país. ¿Es real la oposición? Entonces, ¿por qué no negarse a subvencionar con fondos públicos los salarios de la Junta?
El Gobierno asegura que los miembros de la Junta se han excedido en sus poderes al intentar dictar cuál debe ser la política pública del país. Si realmente es el Ejecutivo quien dicta la política pública, ¿por qué no ejercerla sin pedir permiso? El artículo 104 de la Ley PROMESA establece que la Junta tiene poderes para imponer sanciones por el incumplimiento de órdenes válidas de los miembros de la Junta. Pero ¿qué son órdenes válidas? Y, a fin de cuentas, ¿estará la Junta en la disposición de intentar sancionar a oficiales electos de manera democrática si estos se niegan a seguir recomendaciones que van en detrimento de los ciudadanos? Y si intentan tomar sanciones, ¿no será esa la coyuntura perfecta para hacer a Estados Unidos explicar ante el mundo por qué una junta no electa se atreve a sancionar a funcionarios electos democráticamente? ¿Cómo explicará eso el Congreso, que hasta ahora se ha negado a reconocer que tiene una colonia bajo su bandera?
Si la oposición del Gobierno ante la Junta es real, ¿cuándo pedirá una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar los alegados excesos de poder de esa criatura congresional? ¿Exigirá cuentas a figuras como los puertorriqueños Nydia Velásquez o José Serrano, que votaron favor de la medida, gracias a la cual es muy probable que no se garanticen la pensiones de miles de puertorriqueños? ¿Pedirá, cuando menos, una enmienda a los poderes de ese organismo que “se excede”?
Si durante años, nuestros Gobiernos han apostado a la austeridad de los ciudadanos como medida de salvación de las finanzas del Estado, y una tras otra, esas medidas no han cumplido sus promesas de recuperación, ¿por qué debemos creer que enderezarán la casa: la nuestra, no la de los bonistas, la nueva ronda de austeridad que contienen los planes fiscales y promueve la Junta?
¿Para cuándo dejamos el desarrollo económico? Mientras los ciudadanos viven sumidos en la incertidumbre y la angustia (pregunte a los pensionados del Gobierno) el Congreso Federal, ese ente que engendró la Junta Fiscal, observa sin inmutarse los excesos de su criatura sin que en el horizonte parezca acercarse la recuperación. La hora de la verdad parece acercarse y, en ella, no parecería haber espacio para puntos medios. Si como dice el Gobierno, la Junta no defiende los mejores intereses de la isla, entonces resultaría imposible estar con la Junta y con el país.
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Después de todo, ya estábamos advertidos. Parece que las palabras del senador demócrata Bob Menéndez resultaron ser proféticas. El congresista de origen cubano aseguraba tras la aprobación de PROMESA: “Me temo que este proyecto (PROMESA) es solo una curita que pretende tapar el hueco de la crisis de la deuda insostenible de Puerto Rico. Marquen estas palabras.
Si no aprovechamos esta oportunidad para atender la crisis de una manera que resulte significativa, estaremos de vuelta (en el hemiciclo) dentro de un año recogiendo los pedazos que queden”. ¿Qué hará el país para evitar que solo queden pedazos?
