Un llamado a la justicia
Lea la columna del representante del PIP
Por Denis Márquez
Desde que regresó Trump a la presidencia de los Estados Unidos, comenzó a emitir las ordenes ejecutivas que han dado paso a las terribles e inhumanas intervenciones de ICE con personas de estatus migratorio no regulado, incluyendo en Puerto Rico. Los datos reflejan que muchas de estas intervenciones se han hecho sin orden judicial y sin que las personas tengan antecedentes penales.
Recientemente, en el Senado se debatió el PS1062, que flexibiliza la intervención de ICE en las escuelas. La compañera María de Lourdes Santiago levantó bandera sobre la medida porque las enmiendas presentadas debilitaban garantías que ya estaban contempladas en el protocolo del Departamento de Educación. La medida fue aprobada con los votos del PNP y PPD. Este es el mismo gobierno cómplice de Trump que entregó a ICE la lista de las licencias de personas con estatus migratorio no regulado.
Como compartió el compañero Juan Dalmau en sus redes sociales: “Condenamos las intervenciones de ICE contra familias migrantes y rechazamos la medida aprobada con votos del PPD y el PNP en el Senado, que abre las puertas de nuestras escuelas a intervenciones migratorias. ¡Las escuelas deben ser espacios de educación y protección, no escenarios de miedo, persecución y separación de familias! Este no es un asunto de partidos ni de nacionalidades. Es un asunto de principios, de humanidad y de solidaridad. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Y la dignidad humana no tiene fronteras!
Desde el PIP, radicamos el PC331 por petición de la ACLU, que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico. Esta medida establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad del gobierno para proteger su vida y dignidad. Por esto, es necesario la aprobación del PC331.
Como hemos dicho y continuaremos diciendo, ningún ser humano es ilegal.
