La dignidad humana no tiene estatus migratorio
Lea la columna del abogado estadista
La reciente aprobación del Proyecto del Senado 1062, dirigido a proteger los derechos de los estudiantes inmigrantes en nuestras escuelas públicas, ha provocado un debate que merece una reflexión mucho más profunda que las diferencias políticas que lo rodean. En momentos en que Estados Unidos enfrenta las consecuencias de una política migratoria que ha generado temor, separación de familias y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales, Puerto Rico tiene la oportunidad de reafirmar un principio fundamental de nuestra sociedad: la dignidad humana no depende de la nacionalidad ni del estatus migratorio de una persona.
La medida, presentada por la senadora Nitza Morán Trinidad y aprobada por el Senado el pasado 5 de noviembre, procura garantizar que ningún menor sea privado de una educación pública por razón de su condición migratoria, proteger la confidencialidad de sus expedientes y establecer protocolos para atender intervenciones de las autoridades federales en los planteles escolares. No se trata de reconocer un derecho nuevo. Desde 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Plyler v. Doe, estableció que excluir a menores indocumentados de la educación pública por su condición migratoria viola las garantías constitucionales de igual protección de las leyes.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado críticas, particularmente por las enmiendas introducidas durante el trámite legislativo. Aunque la versión aprobada eliminó una disposición que habría permitido ciertas intervenciones mediante órdenes administrativas, otras modificaciones provocaron preocupación entre legisladores y organizaciones defensoras de los derechos civiles. Entre ellas, la sustitución de protecciones más categóricas por disposiciones que permiten intervenciones durante el horario escolar cuando estén legalmente autorizadas y que condicionan la permanencia del menor en un espacio seguro a las circunstancias y facultades de las autoridades federales. El debate no debe ser si los menores inmigrantes merecen protección, sino si los mecanismos aprobados son suficientes para garantizarla.
Puerto Rico no puede impedir el ejercicio legítimo de las facultades federales en materia migratoria, pero tampoco debe renunciar a proteger a los menores, garantizar el debido proceso y exigir que las intervenciones gubernamentales respeten los derechos constitucionales. La supremacía del derecho federal no significa que nuestras instituciones educativas deban convertirse en instrumentos de intimidación o persecución.
Este debate ocurre precisamente cuando el electorado estadounidense acaba de enviar un mensaje significativo en las elecciones de medio término. Según las proyecciones electorales, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, reflejando un descontento con distintas políticas de la administración Trump. Aunque la economía y el costo de vida fueron factores determinantes, la política migratoria también tuvo un peso importante. Según las encuestas de salida de CBS News, el 58 % de los votantes consideró que las actuaciones de la administración en materia migratoria habían ido demasiado lejos.
Y no es difícil comprender las razones de ese descontento. Las imágenes de agentes federales fuertemente armados realizando operativos en ciudades estadounidenses, las denuncias sobre detenciones de personas sin antecedentes criminales y los casos de familias separadas han provocado cuestionamientos legítimos sobre la proporcionalidad y humanidad de estas intervenciones. Para numerosos críticos, la presencia de agentes de ICE en comunidades residenciales y espacios públicos ha proyectado una imagen más cercana a una fuerza de ocupación que a una agencia civil encargada de hacer cumplir las leyes migratorias.
Nadie debe cuestionar la facultad del Gobierno federal para proteger sus fronteras, hacer cumplir sus leyes y deportar a personas que representen una amenaza para la seguridad pública. Pero existe una diferencia fundamental entre perseguir criminales peligrosos y tratar como tales a hombres y mujeres cuya situación migratoria irregular no está acompañada de conducta criminal violenta. Algunos ingresaron al país sin autorización, otros permanecieron luego del vencimiento de sus permisos y otros mantienen procedimientos migratorios pendientes. Sus circunstancias jurídicas son distintas y merecen ser evaluadas individualmente, con las garantías del debido proceso.
Muchos de estos inmigrantes llevan años trabajando, criando hijos, participando en sus comunidades y aportando al desarrollo económico de la nación. Su contribución no es meramente anecdótica. Según un estudio publicado en 2024 por el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes indocumentados aportaron aproximadamente $96,700 millones en contribuciones federales, estatales y locales durante 2022. De esa cantidad, $59,400 millones correspondieron al Gobierno federal y $37,300 millones a los gobiernos estatales y locales. Incluso contribuyen al financiamiento de programas como el Seguro Social y Medicare, cuyos beneficios muchos de ellos no pueden recibir.
Resulta particularmente revelador que el propio presidente Trump haya reconocido recientemente los excesos de su estrategia migratoria. En su entrevista del pasado domingo con 60 Minutes, admitió que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado severa y que había perjudicado electoralmente a su partido. Más importante aún, expresó disposición a negociar con los demócratas alguna alternativa para ciertos inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, trabajan y pagan contribuciones. Aunque no presentó una propuesta concreta ni anunció cambios inmediatos en las operaciones migratorias, sus expresiones representan un reconocimiento significativo de las consecuencias humanas y políticas de su estrategia.
Sin embargo, ese reconocimiento contrasta marcadamente con su decisión de nombrar como nuevo jefe de gabinete a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más restrictivas de su administración. La contradicción política merece atención: mientras el presidente reconoce públicamente que su estrategia pudo haber ido demasiado lejos, coloca al frente de la Casa Blanca a uno de sus principales promotores. Habrá que evaluar si sus palabras se traducen en cambios concretos o si las prioridades de su administración permanecen inalteradas.
Puerto Rico conoce de cerca la experiencia migratoria. Durante generaciones, cientos de miles de puertorriqueños han emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades económicas para sus familias. Aunque lo han hecho como ciudadanos estadounidenses, conocemos el sacrificio que representa abandonar la tierra donde uno nació, separarse de sus seres queridos y comenzar una nueva vida en una comunidad distinta.
Esa experiencia debe permitirnos comprender las circunstancias de quienes llegan a nuestra Isla desde otros países del Caribe, América Latina y otras regiones del mundo. Son personas que, en muchos casos, no buscan privilegios ni beneficios extraordinarios, sino oportunidades para trabajar, educar a sus hijos y vivir con seguridad y dignidad.
Por eso, la discusión del Proyecto del Senado 1062 no debe convertirse en una controversia partidista ni en un ejercicio de confrontación con el Gobierno federal. Debe servir para establecer, dentro de nuestro marco constitucional, mecanismos efectivos que protejan a los estudiantes y eviten que nuestras escuelas se conviertan en escenarios de intimidación, miedo o separación familiar.
La aplicación de las leyes migratorias no tiene que estar reñida con la compasión, el debido proceso ni el respeto a los derechos humanos. Una nación puede mantener fronteras seguras y, simultáneamente, reconocer las aportaciones de millones de inmigrantes que han contribuido a su prosperidad.
Los resultados electorales recientes y las propias expresiones del presidente Trump abren un espacio para reconsiderar los métodos utilizados para hacer cumplir las leyes migratorias. El verdadero reto será traducir ese reconocimiento en políticas que distingan entre amenazas reales a la seguridad pública y personas que, aun enfrentando situaciones migratorias irregulares, llevan años contribuyendo a sus comunidades.
Al final, la grandeza de Estados Unidos nunca ha descansado exclusivamente en la fortaleza de sus fronteras, sino también en su capacidad para ofrecer oportunidades a quienes llegan buscando construir un futuro mejor. Esa tradición, que ha contribuido a convertirla en una de las naciones más prósperas del mundo, no debe perderse.
Porque ninguna política migratoria, por legítimos que sean sus objetivos, debe hacernos olvidar que detrás de cada expediente de deportación hay un ser humano y, con demasiada frecuencia, una familia cuyo único anhelo ha sido alcanzar una vida mejor.
