Aumenta el rechazo a la ofensiva migratoria de Trump
Lea la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
Por Rosa Seguí
Las políticas migratorias de Donald Trump son discriminatorias, inhumanas y abusivas. Hemos visto con indignación los videos de las las violentas redadas en los EUA que resultaron, según Gun Violence Data Hub en al menos unos 29 tiroteos de los cuales 8 resultaron en muertes.
El repudio popular a las transgresiones de ICE desató una ola de protestas. En Puerto Rico, lejos de garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana y velar por los derechos humanos, la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha acatado servilmente las políticas de Trump afirmando que no las retará y entregando voluntariamente información confidencial de residentes de Puerto Rico sin que le fuera requerido mediante una orden judicial.
El resultado de las elecciones de medio término de los EUA representa una derrota para Trump.
Y cuando se analizan las razones para la derrota se encuentra el rechazo a esta ofensiva migratoria. En Puerto Rico, a finales de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con equipo cuasi militar, irrumpieron en la Parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras amedrentando e interviniendo -con armas largas- con las personas presentes, que incluía alrededor de 15 en fila para confesarse y unos obreros que reparaban el techo del templo. Esto genero un contundente rechazo popular y de parte de iglesias, grupos y comunidades de fe.
El gobierno de PR tiene el deber de actuar aceptando las recomendaciones de grupos y personas expertas en el tema, como la American Civil Liberties Union de PR (ACLU). Desde febrero de 2025, se radicó el PC 331, peticionado por la ACLU, para establecer la política pública que promueva la protección de los derechos y acceso a servicios para todas las personas, libre de discrimen.
Sin embargo, la Legislatura -cuya mayoría pertenece al PNP- se ha negado a atenderlo. El PC 331 detiene la colaboración de la policía local en lugares sensibles como las escuelas, hospitales e iglesias para que las personas con estatus migratorio irregular puedan acceder a cuidados de salud y otros servicios esenciales sin temor a perder su libertad y garantiza la confidencialidad de su información.
