Inteligencia artificial: Transparencia y gobernanza sin la trampa de la sobre-regulación
Lea la columna del vicepresidente de Proyecto Dignidad
Por Luis Yordan Frau
De entrada, hay algo que debemos reconocer, y es que la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, se destapó la lámpara del genio y ya no hay vuelta atrás. La IA ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en una herramienta usada por las masas, de uso cotidiano que transforma la producción, la gestión de datos y la interacción pública. Ante este salto tecnológico, la pregunta obligada en la discusión pública local es: ¿debe Puerto Rico regular la Inteligencia Artificial?
La respuesta corta es que se debe regular, pero hasta cierto punto, con una advertencia de ingeniería fundamental: el objetivo debe ser establecer gobernanza y control de calidad, NO añadir un eslabón más a nuestra trágica tradición de sobre-regulación.
En Puerto Rico todos conocemos muy bien nuestro problema con los trámites y la burocracia excesiva. Tenemos la fama —desgraciadamente bien ganada— de querer crear juntas, permisos, licencias y sellos para absolutamente todo, logrando sofocar el emprendimiento local y la innovación privada antes de que puedan germinar. Si la Asamblea Legislativa comete el error de intentar copiar marcos punitivos o rígidos (como el modelo de la Unión Europea y su ley “EU IA Act”) para fiscalizar cada algoritmo en el sector privado, lo único que se logrará es ahuyentar a nuestros talentos, asfixiar a las startups locales y encarecer la transformación digital de nuestras empresas. Al revés, debemos usar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, incluyendo la IA, para simplificar los proceso, reducir la burocracia y fomentar el emprendimiento local.
Sin embargo, la ausencia total de normas tampoco es una opción. La regulación debe enfocarse principalmente en dos ejes estratégicos: la transparencia ciudadana y la reingeniería del propio Gobierno.
En primer lugar, el ciudadano tiene el derecho inalienable a la verdad. Cualquier marco legal en la Isla sobre la IA debe exigir una regla básica y sencilla de divulgación: el etiquetado obligatorio. Toda entidad pública o privada que utilice IA para interactuar con la ciudadanía, o que difunda contenido generado sintéticamente (audio, video o texto), debe incluir una advertencia clara e inequívoca de que la persona está viendo, escuchando o interactuando con un sistema automatizado. Saber cuándo se trata de un ser humano y cuándo de un algoritmo no es un obstáculo a la tecnología ni al emprendimiento, sino una garantía mínima contra la manipulación y la desinformación.
En segundo lugar, en lo que respecta al sector público, Puerto Rico debe adoptar un marco de gestión de riesgos e integridad algorítmica, similar a las guías del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST por sus siglas en inglés). Si el Gobierno decide delegar procesos en sistemas automáticos —ya sea en la facturación de servicios de energía, la distribución de agua de la AAA, la aprobación de permisos o la gestión de citas de salud—, esos sistemas tienen que ser auditables, transparentes y contar siempre con supervisión humana. No podemos permitir que el Gobierno “automatice el desastre” ni que se esconda detrás de la excusa de que “el sistema fue el que falló” para eludir su responsabilidad con el contribuyente.
Si deben existir prohibiciones básicas tales como prohibir el “social scoring”, lo cual es sinónimo de que el gobierno establezca un “carpeteo” digital con un algoritmo que evalúe nuestros hábitos, opiniones o datos de conducta.
La propuesta que impulsamos desde el Plan de Proyecto Dignidad no es crear una nueva agencia ni imponer una red de permisología sofocante. Es establecer reglas de juego claras, ágiles y fundamentadas en el sentido común: transparencia total para proteger al ciudadano y controles de calidad rigurosos en la administración pública para evitar arbitrariedades. La tecnología debe ser una herramienta para liberar el potencial de nuestro país y hacer más eficiente al Estado, nunca una excusa para levantar más trabas ni para engañar al pueblo.
