Innovar con responsabilidad
Lea la columna del abogado estadista
Un sistema que ayude a detectar enfermedades, agilizar permisos o identificar estudiantes que necesitan apoyo puede transformar a Puerto Rico. Esa misma tecnología puede utilizarse para clonar una voz, fabricar imágenes o tomar decisiones que afecten derechos sin que nadie explique sus fundamentos. Ante esas posibilidades, la respuesta debe ser afirmativa: debemos regular la inteligencia artificial. El reto es proteger a las personas y, a la vez, facilitar que aprovechen sus beneficios.
La discusión exige reconocer nuestra realidad jurídica. Puerto Rico es parte de Estados Unidos y está sujeto a las leyes federales aplicables. Cuando estas desplazan una disposición local, prevalece el derecho federal. Sin embargo, ese desplazamiento requiere analizar la norma y el conflicto concreto; la existencia de interés federal en una tecnología no elimina automáticamente toda facultad reguladora puertorriqueña. El Tribunal Supremo federal ha reconocido esa distinción precisamente en un caso relacionado con Puerto Rico.
En Washington, el marco se está construyendo mediante legislación específica, órdenes ejecutivas y propuestas congresionales. La ley federal TAKE IT DOWN, aprobada en mayo de 2025, atiende la divulgación no consentida de imágenes íntimas, incluidas determinadas falsificaciones digitales, y exige mecanismos para su remoción en las plataformas cubiertas. Es un ejemplo de regulación dirigida a un daño identificable.
Por su parte, la administración Trump impulsa un esquema nacional que reduzca la fragmentación regulatoria. Su orden ejecutiva de diciembre de 2025 dispuso acciones para impugnar leyes estatales consideradas incompatibles con la política federal. En marzo de 2026, la Casa Blanca presentó recomendaciones legislativas para establecer criterios uniformes y desplazar ciertas restricciones estatales. Debemos distinguir, sin embargo, entre una propuesta, una orden ejecutiva y una ley aprobada: sus efectos jurídicos son diferentes.
Incluso esas recomendaciones reconocen espacio para leyes generales contra el fraude, protecciones de menores y reglas sobre el uso de inteligencia artificial por los propios gobiernos. Puerto Rico debe evaluar cuidadosamente ese espacio al legislar.
Otras jurisdicciones ofrecen experiencias útiles. California aprobó obligaciones de transparencia y seguridad para determinados desarrolladores de modelos avanzados. Colorado reformuló en 2026 su legislación sobre decisiones automatizadas, contemplando explicaciones y revisión humana ante ciertos resultados adversos. La ciudad de Nueva York exige auditorías de sesgo y avisos para determinadas herramientas utilizadas en contratación y ascensos. Son acercamientos distintos que conviene estudiar según el problema que intentan resolver.
Puerto Rico tampoco parte de cero. La Ley 116-2026 exige informar a los ciudadanos cuando interactúan con sistemas automatizados en los servicios públicos y reconoce su derecho a solicitar atención humana. Esa garantía debe convertirse en una opción accesible y efectiva, con personal capaz de atender y resolver la gestión.
Propongo que los próximos pasos respondan al riesgo. Una herramienta para organizar documentos merece exigencias distintas a un sistema que influya en la concesión de beneficios, el acceso al empleo o una decisión de salud. En estos últimos usos debemos exigir evaluaciones proporcionales, trazabilidad y mecanismos para corregir errores, dentro del ámbito permitido por el derecho federal.
El Gobierno debe comenzar por sus propias operaciones: identificar qué sistemas utiliza, quién responde por sus resultados y cómo protege los datos ciudadanos. Sus contratos deben establecer límites al uso de esa información, medidas de seguridad y procedimientos de revisión. También debemos comprobar que las herramientas funcionen adecuadamente en español y para la población que recibirán sus servicios.
La regulación debe acompañarse de capacitación para empleados, maestros, profesionales y pequeñas empresas. Conviene fortalecer la capacidad técnica de las instituciones existentes y permitir proyectos piloto supervisados, con objetivos medibles y salvaguardas claras.
Puerto Rico necesita una política que genere confianza para innovar, invertir y utilizar esta tecnología. Regular con precisión, coordinar con el marco federal y revisar periódicamente las reglas puede ayudarnos a lograrlo. La inteligencia artificial debe ampliar nuestras capacidades; quienes decidan utilizarla deben seguir respondiendo por sus consecuencias.
