Inteligencia artificial en Puerto Rico: ¿se debe reglamentar?
Lea la columna de la representante del PIP
El tema de la inteligencia artificial (IA) es uno que ha acaparado la atención de diferentes sectores a nivel internacional. Puerto Rico no es la excepción. Los efectos de la manera en que se maneja la información desde la perspectiva de la IA han provocado serias preocupaciones en los profesionales y peritos, particularmente en aspectos como el impacto a la infraestructura, los recursos naturales, el ambiente y muy importante, la ética.
Este último renglón es crucial, pues el manejo de la información por terceros cuyas intenciones no necesariamente van dirigidas al bienestar de la humanidad, interfiere con la manera en que la gente interpreta el mundo y los gobiernos desarrollan política pública.
En Puerto Rico, ya existen 11 centros de inteligencia artificial funcionales. Aunque ha habido legislación propuesta para proteger la integridad del sector público en el uso de la IA, lo cierto es que no es suficiente para reglamentar áreas que evitarían errores automatizados en la distribución de información crítica, como lo referente a los recursos públicos y la seguridad de los residentes.
Otras áreas que requieren legislación son: la protección laboral para evitar el desplazamiento de empleos, los efectos detrimentales al ambiente; el aumento en el uso de energía eléctrica que recarga un sistema ya seriamente afectado por la falta de generación de energía necesaria. Igualmente, la exigencia de tener grandes cantidades de agua para la refrigeración de los centros de IA, incide directamente en la carencia de este recurso esencial para la población. Los abastos de agua de Puerto Rico no son infinitos. Y regresar al ambiente estas aguas extremadamente calientes afecta el balance de los ecosistemas circundantes.
Finalmente, hay que reglamentar el manejo de contaminantes químicos y electrónicos que generan los centros de IA, precisamente por la naturaleza de sus funciones. Las escorrentías de metales pesados y la ubicación de desechos electrónicos tienen que ser elementos por considerarse dentro de la reglamentación necesaria. No hacerlo es intercambiar la seguridad del país por un aparente beneficio económico para el pueblo.
