Agosto: una sesión para convertir mayorías en resultados
Lee aquí la columna del abogado estadista
La Asamblea Legislativa retoma sus trabajos en agosto con una ventaja política que pocas administraciones han tenido: el Partido Nuevo Progresista controla la gobernación, la Cámara de Representantes y el Senado. Esa coincidencia no significa que los tres componentes deban pensar exactamente igual ni que la Legislatura deba convertirse en un sello de goma. Significa, sin embargo, que existen las condiciones para transformar compromisos programáticos en resultados concretos.
Esta sesión comienza con varios asuntos de envergadura que quedaron inconclusos. Entre ellos sobresale la reforma del sistema de permisos, indispensable para acelerar la construcción de viviendas, la reconstrucción de la red eléctrica, la obra pública y el establecimiento o expansión de negocios. La propuesta de un nuevo Código de Planificación y Permisos procura consolidar un entramado compuesto por decenas de leyes y reglamentos, aclarar competencias y reducir la discreción administrativa. Su evaluación debe ser rigurosa, pero también ágil. Puerto Rico lleva demasiado tiempo diagnosticando un problema que afecta directamente su competitividad.
La eliminación o transformación del impuesto al inventario también debe ocupar un lugar prominente. Existe consenso sobre el efecto adverso de este gravamen para los comerciantes y consumidores, pero todavía debe identificarse un mecanismo responsable que proteja las finanzas municipales. El reto no consiste simplemente en eliminar una contribución impopular, sino en sustituir sus recaudos sin debilitar los servicios que ofrecen los municipios.
A esto se suman asuntos contributivos pendientes, como las propuestas relacionadas con ganancias de capital, incentivos a la inversión y alivios permanentes para los contribuyentes. Cualquier reforma debe estar acompañada de fuentes de financiamiento identificables y estimados confiables. Aprobar beneficios sin explicar cómo se pagarán puede producir un aplauso inmediato, pero también déficits, vetos o reparos de la Junta de Supervisión Fiscal.
La Cámara tendrá ante sí, además, la reforma judicial aprobada por el Senado durante la pasada sesión. Una reorganización de esa magnitud no debe despacharse apresuradamente. Hay que examinar sus efectos sobre el acceso a la justicia, la distribución de recursos y la independencia judicial. No obstante, tampoco debe permanecer indefinidamente en el limbo legislativo. El país tiene derecho a conocer si la Cámara la aprobará, la enmendará o la rechazará, y las razones para ello.
Más allá de esos proyectos, las prioridades deben responder a la realidad que vive la ciudadanía. La seguridad pública exige fortalecer la supervisión de personas bajo libertad condicionada, la capacidad tecnológica de las agencias y los programas de rehabilitación. La crisis de vivienda requiere aumentar la oferta, reducir los costos de construcción y agilizar el uso de propiedades abandonadas. La fragilidad de los sistemas de energía y agua reclama fiscalización constante sobre el uso de fondos públicos y federales. La educación, salud y los servicios para adultos mayores tampoco pueden quedar relegados por controversias políticas pasajeras.
Sin embargo, para una mayoría legislativa estadista hay otra obligación que no puede reducirse a resoluciones simbólicas: adelantar la admisión de Puerto Rico como estado.
La Legislatura no puede admitir unilateralmente a Puerto Rico; esa facultad corresponde al Congreso. Pero Cámara y Senado sí pueden organizar una estrategia coherente, financiarla con transparencia y exigir resultados. Deben establecer una agenda conjunta con la gobernadora, el comisionado residente y los integrantes de los organismos creados para promover la igualdad; celebrar vistas sobre la desigualdad territorial; documentar cómo la condición colonial afecta programas federales, representación política y desarrollo económico; y presentar esa evidencia directamente ante el Congreso y la opinión pública estadounidense.
En el contexto político nacional, marcado por la polarización y la cercanía de las elecciones congresionales de medio término, la estadidad necesita más que consignas dirigidas al público puertorriqueño. Requiere una ofensiva permanente en Washington, alianzas bipartitas y un mensaje sencillo: millones de ciudadanos estadounidenses no deben continuar sujetos a leyes federales en cuanto a las cuales no pueden votar y a un presidente por quien no pueden emitir su sufragio desde Puerto Rico.
La mayoría PNP fue electa para gobernar y también para adelantar la igualdad política. Al concluir esta sesión, el país debe poder identificar qué cambió en los permisos, los impuestos, la vivienda, la seguridad y los servicios esenciales, pero también qué pasos concretos se dieron hacia la estadidad. Las mayorías no se justifican por la cantidad de proyectos aprobados, sino por los problemas que logran resolver. Esta sesión presenta otra oportunidad para que los legisladores que componen esa mayoría demuestren por que, digan lo que digan, siempre hemos sido, somos ahora y siempre seremos mejor gobierno.
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