25 de julio: el recordatorio anual de nuestra realidad colonial
Lee aquí la columna del abogado estadista
Cada 25 de julio, Puerto Rico conmemora la creación del Estado Libre Asociado. Para algunos, representa una fecha de orgullo histórico; para otros, una fórmula política que hace tiempo agotó su utilidad. Pero independientemente de la postura ideológica de cada cual, esta fecha debe servir para reflexionar sobre una realidad jurídica inescapable: Puerto Rico sigue siendo un territorio de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso.
Esa no es una opinión política. Es la conclusión reiterada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en decisiones como Puerto Rico v. Sánchez Valle y United States v. Vaello Madero, así como por la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal. Todas confirman que el llamado Estado Libre Asociado no alteró la naturaleza territorial de Puerto Rico ni limitó la autoridad del Congreso para legislar sobre la isla.
La consecuencia más preocupante de esa realidad es el profundo déficit democrático que enfrentan más de tres millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Estamos sujetos a las leyes federales, servimos en las Fuerzas Armadas, contribuimos al desarrollo económico de la nación y obedecemos las decisiones del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no elegimos senadores ni representantes con voto en el Congreso y tampoco podemos votar por el presidente que dirige el gobierno federal.
Esa situación resulta incompatible con los principios fundamentales sobre los cuales descansa la democracia estadounidense. La Declaración de Independencia proclamó que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados. La Constitución diseñó un sistema basado en la representación política y en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico permanecen gobernados por funcionarios federales a quienes jamás han podido elegir.
Quienes piensan que esa desigualdad es meramente simbólica deberían observar lo que ocurre hoy mismo en el Congreso.
Hace apenas unos días, fue presentado el proyecto H.R. 9724, denominado “End Birthright Citizenship for Territories Act”, cuyo propósito es modificar la legislación federal para que, a partir del 1 de enero de 2027, determinados niños nacidos en Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses dejen de adquirir automáticamente la ciudadanía americana por nacimiento. La medida responde a la premisa de que, tratándose de los territorios, el Congreso posee autoridad para modificar por ley las reglas sobre ciudadanía establecidas en el Immigration and Nationality Act, una interpretación que ha cobrado fuerza tras recientes decisiones del Tribunal Supremo.
Más allá del destino final de esa medida —que bien podría no convertirse en ley— su sola presentación ilustra el problema de fondo. Un congresista de otro estado puede presentar legislación que altere derechos fundamentales de quienes viven en Puerto Rico, y los puertorriqueños no contamos con un solo voto en la Cámara de Representantes ni en el Senado para impedirlo, modificarlo o siquiera influir directamente en su aprobación.
Ese es el verdadero rostro del colonialismo en el siglo 21.
La ausencia de representación también cobra especial importancia cuando quien ocupa la Casa Blanca impulsa políticas profundamente divisivas. Durante la presidencia de Donald Trump, muchas de sus actuaciones han provocado fuertes cuestionamientos sobre el respeto a las instituciones democráticas, el trato hacia comunidades inmigrantes, el uso del poder ejecutivo y la creciente polarización política del país. Sus seguidores entienden que cumple con el mandato recibido en las urnas; sus críticos sostienen que ha utilizado la presidencia para profundizar divisiones y concentrar poder.
Sea cual sea la valoración de su gestión, existe un hecho incontrovertible: los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico deben vivir bajo las decisiones de esa administración sin haber podido participar en la elección presidencial que la hizo posible.
Ningún gobernador, ninguna Legislatura local y ningún grado de autonomía administrativa pueden sustituir el derecho básico de todo ciudadano a participar plenamente en la elección del gobierno que posee la autoridad suprema sobre él.
Por eso, el 25 de julio no debe ser únicamente una conmemoración histórica. Debe ser un ejercicio de honestidad colectiva. La discusión sobre el futuro político de Puerto Rico puede conducir a distintas alternativas legítimas, pero debería partir de un principio que trasciende cualquier ideología: en una democracia, ningún ciudadano debe estar sujeto indefinidamente a un gobierno en cuya formación carece de representación efectiva.
Mientras el Congreso conserve la autoridad para legislar unilateralmente sobre Puerto Rico —incluso sobre asuntos tan fundamentales como la ciudadanía— sin que los puertorriqueños tengan voz y voto en ese proceso, el Estado Libre Asociado seguirá siendo, en esencia, una condición territorial. Y cada 25 de julio seguirá recordándonos que el verdadero debate no es qué celebramos, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a aceptar una ciudadanía americana que continúa siendo, en sus derechos políticos más esenciales, una ciudadanía de segunda categoría.
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