Un gobierno profundamente dividido
Lee aquí la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
Por Rosa Seguí
El cierre de la sesión legislativa al 30 de junio de 2026 se caracterizó más por lo que no se aprobó que por lo aprobado. Y es importante resaltar que el partido en turno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), tiene absoluta mayoría en la Legislatura, y su presidenta, Jenniffer González, es la gobernadora de Puerto Rico, por lo que no debió ser un proceso tan accidentado. Sin embargo, el fraccionamiento del PNP es tan profundo que ni el presupuesto del país pudieron acordar. Según ha trascendido en la prensa, la gobernadora vetó ciertas partidas del presupuesto general de 2026-2027, reduciéndole $5.8 millones.
En cuanto a la gran promesa de campaña de la gobernadora sobre que cancelaría el contrato de LUMA, lo cierto es que, luego de tres sesiones legislativas, todavía el PNP, partido en turno con mayoría, no ha aprobado legislación alguna que le permita rescindir, cancelar o anular dicho contrato leonino. Y no es porque el estado de derecho vigente no lo permita, porque la realidad de nuestro país es que la interpretación que los tribunales dieron a la nefasta Ley 7 de 2009 de Luis Fortuño (que permitió el despido masivo de alrededor de 20,000 personas en el sector público) es que, por una emergencia fiscal, se pueden dejar sin efecto contratos privados.
Por tanto, nada impidió ni impide que la Legislatura y la gobernación del PNP aprobaran legislación para cancelar el contrato de LUMA, pero no hay voluntad alguna para actuar. Por esto, al cierre de esta sesión legislativa, no se tomó acción para darle paso a una reforma contributiva que haga que quienes más tengan, más aporten; no se aprobó una reforma universitaria que priorice la educación pública como un servicio esencial para el país y atienda los reclamos multisectoriales de la comunidad universitaria; no se aprobó una reforma de permisos que atienda las dificultades y la burocracia para pequeñas y medianas empresas, y tampoco se le dio paso a implementar las recomendaciones hechas ya hace varios años por el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, a pesar de ser un mandato de ley. Vamos de mal en peor.
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