Aumenta el rechazo a la Junta de Control Fiscal a diez años de PROMESA
Lee aquí la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
Por Rosa Seguí
Durante los años 2015 y 2016, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y el entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi, depusieron ante el Congreso de los Estados Unidos para apoyar la imposición de la Ley federal PROMESA y para asegurarle, a congresistas, que en Puerto Rico se haría una auditoría integral de la deuda gubernamental y se cancelaría la parte que fuera ilegal o que se encontrara que fue emitida sobre el límite que establece la Constitución. Sin embargo, a pesar de que la Ley 97 de 2015 creó una Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, integrada por 17 personas, incluyendo representantes del gobierno, de instituciones financieras, cooperativas, la academia y otros, no solo no cumplió con ello sino que además el destituido exgobernador Ricardo Rosselló derogó la ley que creó dicha Comisión.
Este 30 de junio se cumplen diez años de la imposición de la Ley PROMESA por parte del gobierno de los Estados Unidos, visibilizando con aún mayor claridad el carácter colonial y la falta de soberanía del gobierno de Puerto Rico. Con la aprobación de la Ley PROMESA, se creó una Junta de Control Fiscal (JCF) con mayores poderes que los del gobierno electo de Puerto Rico: deroga leyes, en evidente contravención a la Constitución de Puerto Rico, y además decide y controla absolutamente el presupuesto de nuestro país.
La JCF representa una de las expresiones más claras de la condición colonial de Puerto Rico y del capitalismo salvaje. Su misión ha sido imponer el control colonial para garantizar el pago de una deuda ilegal sin auditoría, aun cuando esto implique empobrecimiento, recortar recursos destinados a la salud, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales a los que debería tener derecho las familias que hacen vida en Puerto Rico.
Ante esta realidad, el pueblo de Puerto Rico exige la salida inmediata de la JCF y, ante el llamado amplio a unirse a una jornada de lucha, el Movimiento Victoria Ciudadana se unirá a la manifestación convocada para el 30 de junio a las 4:00 p.m. frente a las oficinas de la Junta.
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