Reforma de permisos y reconstrucción energética: oportunidad que Puerto Rico no puede dejar pasar
Lee aquí la columna del abogado estadista
Hace apenas unas semanas, reflexionábamos sobre la importancia de lograr una convergencia entre las distintas propuestas de reforma de permisos que actualmente evalúa la Asamblea Legislativa. Hoy, mientras ese proceso continúa avanzando, resulta oportuno destacar una razón adicional por la cual esta discusión reviste carácter de urgencia nacional: el futuro de la reconstrucción y modernización de nuestro sistema eléctrico.
Puerto Rico lleva casi una década enfrentando las consecuencias de un sistema energético vulnerable. Los estragos causados por los huracanes Irma y María, en 2017, evidenciaron la fragilidad de una infraestructura que colapsó prácticamente en su totalidad, provocando uno de los apagones más prolongados en la historia de Estados Unidos. Desde entonces, la isla ha recibido miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la reconstrucción y transformación de la red eléctrica.
Sin embargo, disponer de los fondos no garantiza la ejecución de los proyectos. Para que las mejoras lleguen a las comunidades, es indispensable que exista un sistema gubernamental capaz de evaluar y aprobar permisos de forma eficiente, consistente y predecible.
La realidad es que la reconstrucción energética requiere cientos de proyectos individuales. Subestaciones, líneas de transmisión, sistemas de almacenamiento de energía, instalaciones de generación renovable, mejoras a centrales existentes y nuevas infraestructuras de respaldo dependen de autorizaciones gubernamentales que involucran múltiples agencias y jurisdicciones. Cuando esos procesos se prolongan innecesariamente, las consecuencias son reales: aumentan los costos, se retrasan las obras y se posponen los beneficios que esperan los ciudadanos.
Precisamente por ello, la discusión sobre la reforma de permisos no debe verse únicamente como un asunto relacionado con la construcción privada o el desarrollo comercial. La capacidad de Puerto Rico para transformar su sistema energético está íntimamente ligada a la capacidad de su gobierno para procesar permisos de manera ágil y responsable.
Lo anterior no significa eliminar controles ni debilitar las protecciones ambientales. Todo lo contrario. La fiscalización rigurosa y el cumplimiento con las leyes continúan siendo elementos esenciales de cualquier sistema moderno de permisos. Pero existe una diferencia importante entre supervisar y obstaculizar. Un proceso eficiente puede proteger el interés público sin obligar a los ciudadanos y a los inversionistas a navegar años de incertidumbre administrativa.
Esta realidad cobra aún mayor relevancia cuando observamos la dirección que ha tomado la política energética de Puerto Rico. La isla avanza hacia una mayor integración de energía renovable, sistemas de almacenamiento y tecnologías que permitan una red más resiliente y menos vulnerable a eventos atmosféricos o a las fluctuaciones de los mercados internacionales de combustibles. Cada uno de esos proyectos requiere permisos, evaluaciones técnicas y coordinación interagencial.
Desde la perspectiva del sector privado, la pregunta es sencilla: ¿cómo podemos aspirar a una transformación energética acelerada si los proyectos necesarios para lograrla continúan enfrentando procesos que, en ocasiones, consumen más tiempo que la propia construcción de la obra?
La respuesta debe surgir de una reforma que logre el balance adecuado: un sistema que preserve la transparencia, garantice la participación ciudadana y proteja los recursos naturales, pero que también ofrezca términos claros, decisiones oportunas y certeza jurídica.
Más aún, la reconstrucción de la red eléctrica representa una oportunidad económica extraordinaria. Cada proyecto genera empleos, moviliza inversión, crea demanda para profesionales y contratistas locales y fortalece la competitividad de Puerto Rico. Una infraestructura energética más robusta también reduce costos operacionales, para los negocios, y aumenta el atractivo de la isla para futuras inversiones.
Por ello, la convergencia entre las distintas versiones de la reforma de permisos debe convertirse en una prioridad legislativa. No se trata de favorecer a un sector sobre otro. Se trata de dotar al país de las herramientas necesarias para ejecutar proyectos que benefician a toda la ciudadanía.
Al final del día, la discusión sobre permisos no gira en torno a formularios, reglamentos o estructuras administrativas. Gira en torno a la calidad de vida de los puertorriqueños. Gira en torno a la familia que espera un servicio eléctrico más confiable, al pequeño comerciante que necesita estabilidad para operar y al inversionista que evalúa si Puerto Rico está preparado para competir en una economía global.
La reconstrucción energética y la reforma de permisos son dos conversaciones distintas que, en realidad, persiguen el mismo objetivo: construir un Puerto Rico más resiliente, más competitivo y mejor preparado para enfrentar los retos del futuro.
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