Decían combatir la politización de la justicia. Ahora la institucionalizan.
Lee aquí la columna del abogado estadista
Uno de los argumentos más repetidos por Donald Trump y sus aliados durante los últimos años fue que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había sido utilizado como arma política contra adversarios ideológicos. Bajo el lema de combatir el supuesto weaponization del sistema de justicia, prometieron devolverle independencia, objetividad y credibilidad a una de las instituciones más importantes de la democracia estadounidense.
Sin embargo, los acontecimientos recientes relacionados con el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, parecen demostrar exactamente lo contrario.
La controversia más reciente surgió cuando trascendió que el Departamento de Justicia había aprobado un acuerdo para desembolsar aproximadamente $1.8 mil millones en reclamaciones presentadas por individuos que participaron en los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal. Según los informes divulgados, el planteamiento era compensar alegados daños sufridos durante las investigaciones y procesamientos relacionados con aquellos sucesos que culminaron con una multitud irrumpiendo violentamente en la sede del Congreso mientras se certificaban los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
La propuesta provocó una reacción inmediata. No solo surgieron críticas de legisladores demócratas, organizaciones cívicas y exfuncionarios federales, sino que una cantidad considerable de senadores y líderes republicanos también expresaron reservas profundas sobre la conveniencia y el mensaje que enviaría el gobierno federal al destinar fondos públicos para compensar a personas vinculadas a uno de los episodios más vergonzosos en la historia reciente de la democracia estadounidense.
Ante la magnitud de la controversia, la iniciativa fue retirada. Pero el daño político ya estaba hecho.
La pregunta que muchos observadores se hacen es sencilla: ¿cómo una propuesta de esa naturaleza llegó tan lejos dentro del Departamento de Justicia? La respuesta lleva inevitablemente a Blanche.
Antes de ocupar uno de los puestos más importantes en el Departamento de Justicia, Blanche fue abogado personal de Donald Trump en varios de los casos criminales y civiles más notorios que enfrentó el ahora presidente. Su trayectoria profesional reciente estuvo íntimamente ligada a la defensa de los intereses personales y políticos de Trump.
Por supuesto, haber representado a un cliente controversial no descalifica automáticamente a ningún abogado para ocupar una posición pública. El sistema legal estadounidense se fundamenta precisamente en que toda persona tiene derecho a representación legal competente.
Sin embargo, el problema surge cuando las actuaciones de un funcionario parecen confirmar la percepción de que fue seleccionado no por su independencia de criterio sino por su disposición a actuar como extensión de los intereses políticos de quien lo nombró.
Y esa percepción no surge exclusivamente por la controversia del fondo para los participantes del 6 de enero.
También ha quedado evidenciada en el manejo errático y contradictorio de los llamados “Epstein Files”. Durante años, figuras cercanas a Trump alimentaron expectativas sobre una divulgación amplia de documentos relacionados con Jeffrey Epstein y sus asociados. Una vez en el poder, las promesas de transparencia dieron paso a retrasos, mensajes contradictorios y decisiones que han generado más interrogantes que respuestas.
Lo que se prometió como una revelación histórica terminó convirtiéndose en otro episodio donde las expectativas creadas por la retórica política chocaron contra la realidad de las decisiones gubernamentales.
Ese patrón comienza a repetirse con demasiada frecuencia.
Se prometió despolitizar el Departamento de Justicia. Sin embargo, se nombró a un exabogado personal del presidente para ocupar una de las posiciones más influyentes dentro de la institución.
Se denunció, durante años, el supuesto uso partidista de los organismos federales. Sin embargo, las actuaciones recientes parecen orientadas a beneficiar a sectores específicos alineados con la narrativa política del presidente.
Se prometió transparencia absoluta. Sin embargo, continúan las controversias sobre información que se ofreció divulgar y que luego fue manejada de manera inconsistente.
Más allá de las simpatías o diferencias ideológicas que cada cual pueda tener con Trump, existe una realidad que debería preocupar a cualquier ciudadano que valore las instituciones democráticas: la confianza pública en el Departamento de Justicia depende de que sus decisiones parezcan responder a criterios jurídicos y no a consideraciones políticas.
Cuando las actuaciones de sus principales funcionarios generan dudas constantes sobre sus motivaciones, la credibilidad institucional se erosiona.
Y cuando quienes llegaron al poder prometiendo eliminar la politización terminan siendo acusados de profundizarla, el problema se vuelve aún más serio.
Al final del día, el caso de Blanche parece reflejar una característica recurrente de la administración Trump. Una y otra vez se denuncia una conducta en los adversarios políticos para luego adoptar actuaciones extraordinariamente similares cuando se ejerce el poder.
Se prometió acabar con la utilización política de la justicia. Los hechos sugieren que simplemente se cambió quién sostiene el control del arma.
Porque, como tantas veces ha ocurrido en esta administración, se dice una cosa y se hace exactamente lo contrario.
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