Hay una palabra que usamos todos los días sin cuestionar lo que implica, y está en el centro del debate más importante de Puerto Rico en este momento. “Permiso”.
Decimos que el gobierno “da” permisos, que hay que “conseguir” uno, que alguien lo “aprobó” o “denegó.” Todo ese lenguaje parte de una premisa que nunca cuestionamos: que el gobierno tiene algo que darte y decidir si te lo da. Esa premisa es falsa.
El permiso no es una dádiva ni un favor. En la gran mayoría de los casos, un permiso es la certificación formal de que un ciudadano, en el ejercicio de sus derechos sobre su propiedad, ha demostrado cumplir con las leyes que el Estado estableció para proteger la seguridad, la salud, el orden y el ambiente. Donde la ley expresamente permite discreción, esa discreción debe estar acotada por criterios objetivos escritos y sujeta a revisión judicial — no ejercerse como poder personal ni caprichoso de quien evalúa.
Cuando un ciudadano construye su casa, monta su negocio o desarrolla su propiedad cumpliendo cada requisito legal, el gobierno no hace un favor al emitir el permiso — cumple su obligación. Certifica un hecho: esta persona cumplió. Si niega esa certificación a quien demostró cumplimiento, no ejerce regulación legítima. Viola un derecho constitucional. El Artículo II, Sección 7 de nuestra Constitución reconoce el derecho al disfrute de la propiedad privada como derecho fundamental. Ese derecho no se pide. Se ejerce demostrando cumplimiento, no esperando la benevolencia de un funcionario.
Que Puerto Rico ocupe el último lugar en libertad económica entre los 50 estados y los territorios de Estados Unidos no es un accidente. Es el resultado de décadas de construir un sistema que parte de la premisa contraria: que el uso de la propiedad privada es un privilegio que el Estado concede. Ese modelo no tiene origen en nuestra Constitución ni en los principios del libre mercado. Tiene origen en otra tradición — la de los sistemas donde el Estado controla los medios de producción y decide quién puede hacer qué, dónde y cuándo.
No hace falta ir lejos para ver adónde lleva ese camino o visión filosófica cuando el Estado acumula discreción sin límites sobre el uso de la propiedad privada. Cuba lleva seis décadas con control absoluto del uso del suelo — sin propiedad privada real, sin mercado de desarrollo, sin iniciativa individual. El resultado: economía estancada, infraestructura destruida, población que emigra buscando lo que nosotros tenemos en papel pero no en práctica. Venezuela, hace cuarenta años una de las economías más prósperas de América Latina, siguió la misma secuencia: primero el Estado controló el suelo, luego la inversión, luego la economía, y finalmente a la gente.
En este debate, el ciudadano debe fijarse en los argumentos de quien pide mayor “injerencia”, mayor “control”, “preservar poderes” existentes. Vale preguntarse: injerencia, control y poder para qué. Lo que nuestra Constitución manda y lo que ha funcionado en los sistemas más exitosos no es control del gobierno sobre la iniciativa privada — es el control en la gente, no en el gobierno: reglas claras y personas con pericia para verificar objetivamente si un proyecto cumple o no. Cuando el control se convierte en instrumento para acumular votos a costa de la certeza jurídica, se atropellan derechos y se troncha el sueño de quien solo quería construir su casa o montar su negocio.
Sobre la participación ciudadana conviene ser igualmente preciso. Todo ciudadano tiene derecho a participar plenamente en el proceso de establecer las reglas, los reglamentos, los planes, las políticas que aplican a todos por igual y a exigir que esas reglas se apliquen con transparencia y rigor. Eso es democracia legítima. Lo que nadie tiene derecho a hacer es intervenir para impedir que otro ejerza derechos sobre su propia propiedad cuando se cumple con las reglas que entre todos establecimos. Cuando la presión pública se usa para vetar derechos de propiedad privada de otro, no es participación — es coerción. Y este abuso puede ocurrir en ambas direcciones: un inversionista conectado que consigue permisos que no le corresponden, o un sector organizado que bloquea permisos que sí corresponden. Ambos son la misma enfermedad con distinto rostro: la sustitución de la ley por el poder.
Por eso la reforma de la gobernadora y el proyecto del presidente del Senado son atinados — procuran eliminar esa discreción arbitraria en ambas direcciones. Una oficina con pericia técnica, criterios objetivos y un tribunal disponible para revisar cada determinación no le hace favores a nadie. Verifica si cumples. Si cumples, certifica. Si no cumples, dice qué falta. Eso no es burocracia — es justicia.
La respuesta que elijamos — si la propiedad privada es un derecho que se ejerce o un privilegio que se negocia — determinará si Puerto Rico sigue siendo el lugar del que la gente se va, o se convierte en el lugar al que la gente regresa.
Rafael Rojo es presidente y CEO de VRM Companies y cofundador de Vision News Media.