Asesinados por el bombazo fulminante o por la lenta agonía de la inanición, con su sufrimiento transmitido en vivo y a todo color –el rojo de la sangre de las niñas desmembradas, el gris de toneladas de escombros– el pueblo palestino padece el más espantoso crimen contra la humanidad de la historia reciente. El genocidio perpetrado por Israel sigue, a plena vista, ignorado o celebrado por quienes tienen el poder de detenerlo. Ahí están imágenes como las de los rescatistas bombardeados por el ejército sionista mientras buscaban sobrevivientes del ataque previo al Hospital Nasser. Ahí están los testimonios de médicos y enfermeras de diversas nacionalidades, dando cuenta del horror sin fin de miles de civiles heridos, mutilados o muriendo de hambre.
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Toneladas de comida y de insumos médicos están listas para ser entregadas, pero Israel, lejos de permitir su entrada, ha convertido los escasos episodios de distribución en trampas mortales para los gazatíes. Las protestas en grandes ciudades se multiplican. La Organización de las Naciones Unidas acepta llamar al genocidio por su nombre. La inacción de los gobiernos es confrontada por la flotilla Sumud, en un valiente gesto de solidaridad internacional. Prevalece, sin embargo, la sinrazón.
Las conversaciones recientes entre Netanyahu y Trump, más que una ruta para la paz, trazan el convenio entre el verdugo y el fabricante de la horca. La exclusión de Palestina de cualquier propuesta es una burla a un pueblo masacrado y una bofetada a los más de 140 países que reconocen al Estado Palestino.
No olvidemos que, aunque hoy vemos lo más extremo de la violencia sionista, el genocidio es la culminación de un proyecto de décadas de agresión, que antes de 2023 había desplazado a más de 700,000 palestinos. Gaza, ya hoy convertida en una inmensa ruina, operaba hace décadas como lo que se ha llamado “la prisión al aire libre más grande del mundo”: control de entradas y salidas, grave inseguridad alimentaria y sanitaria, pobreza extrema e intervenciones militares directas. El regreso a condiciones de opresión disfrazadas de tutela pacificadora no será una solución legítima. El mundo exige el alto al fuego y el fin del genocidio no como una dádiva del exterminador, sino como el principio de un proceso descolonizador y democrático.