Las intervenciones contra personas sin estatus migratorio regularizado, impulsadas por el presidente estadounidense, han sido ejecutadas en Puerto Rico por agencias federales con la vergonzosa complicidad de la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP). La historia nos recuerda otras instancias en las que el gobierno ha sido cómplice de acciones degradantes, como la persecución al movimiento independentista puertorriqueño iniciada por el Partido Popular Democrático (PPD), a la que también se sumó el PNP. Es decir, el bipartidismo siempre ha sido copartícipe de violaciones a derechos humanos y civiles de miles de personas.
Las actuales detenciones contra nuestras comunidades inmigrantes no solo transgreden la dignidad humana, también son ilegales cuando las propias agencias de “ley y orden” pretenden saltarse el debido proceso de ley como, por ejemplo, arrestos sin órdenes judiciales.
Ejemplo reciente e indignante fue el caso de la detención de Aracelys, ciudadana dominicana en Cabo Rojo, residente en Puerto Rico con permiso de trabajo y cobijada como sobreviviente de violencia de género que, tras acudir a la alcaldía para registrar su negocio, fue arrestada y trasladada hasta Texas, donde permanece incomunicada.
La complicidad de la actual administración llegó al punto de entregar, con bochornosa docilidad a través del Departamento de Transporte y Obras Públicas, información de aproximadamente 6,000 personas que poseen licencias de conducir de manera provisional, traicionando así la expectativa de confidencialidad de la información y de no utilizarse con el fin de perseguir a personas por razón de ser extranjeras. El gobierno justificó esta infamia argumentando que se tiene que cumplir la ley. Bueno, los bombardeos en Vieques y la segregación racial fueron legales, y el voto para todas las mujeres no fue legislado hasta el 1935, y vivimos bajo un régimen colonial que aún combatimos. Cuando lo legal contradice lo justo, debe prevalecer la justicia.
Desde febrero, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicó los proyectos 331 (Cámara) y 379 (Senado), por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles, para garantizar precisamente derechos fundamentales de las personas inmigrantes tras las redadas reportadas.
