Los baños familiares o inclusivos están regulados en Puerto Rico al menos, desde el 2011 y no ha habido problema con estos. De hecho, los baños familiares existen para atender necesidades reales debido a que la humanidad es diversa. La Ley para Ordenar la Adopción de un Código de Edificación de Puerto Rico se enmendó mediante la Ley 186-2011, que, entre otras cosas, estableció los baños asistidos o familiares. Baños familiares son “facilidades sanitarias equipadas para ser usadas por personas de ambos sexos, por una o más personas con impedimentos, personas de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia de una persona o familiar para la realización de sus necesidades biológicas”. Esto es aplicable a centros comerciales, aeropuertos, centros gubernamentales estatales y municipales, centros de convenciones, estadios deportivos, canchas y balnearios, según definidos por la ley.
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Luego, la Ley 115-2019 amplió el significado de baños familiares para incluir que sean equipados, entre otras cosas, con cambiadores de pañales para bebés o infantes. Por tanto, al menos desde el 2011, el gobierno entendió que era necesario -para muchos fines- tener baños que puedan ser utilizados por personas de ambos sexos. Sin embargo, parecería que la actual administración del Partido Nuevo Progresista promueve el retroceso al apoyar el Proyecto de la Cámara 165 del partido Proyecto Dignidad que quiere prohibir estos baños familiares por completo, sin evidencia científica ni estudios que lo apoyen. Quieren poner la vida de las personas trans en riesgo a sabiendas de que una mujer trans llamada Alexa fue asesinada precisamente por usar un baño de mujeres, como tenía todo el derecho a hacerlo.
El Proyecto de la Cámara 165 propone prohibir (como política pública) estos necesarios baños familiares sin fundamento alguno, sino por puro prejuicio y odio. Estos baños son necesarios y útiles. Esta peligrosa medida se presta para que personas cuestionen, por cualquier prejuicio, el sexo y el género de las mujeres quienes quieran usar un baño, y, en los lugares de empleo, abre la puerta para violar la ley que prohibe el discrimen por orientación sexual e identidad de género.