Parece sacado de una película, pero es una historia real que me toca muy de cerca. Es la historia de un adolescente que con apenas 13 años, fue diagnosticado con un Trastorno de Déficit de Atención severo (ADD). Desde el inicio, él no se opuso a recibir tratamiento. Pero su padre, con quien compartía custodia tras un divorcio conflictivo, se negó a permitir que fuera medicado o tratado.
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El tiempo pasaba, y el diagnóstico quedaba en el papel. Académicamente, estaba cada vez más rezagado. No recibía ayuda ni intervención, ni apoyo terapéutico real.
A los 15 años, buscando alivio por cuenta propia, comenzó a automedicarse con marihuana. Su consumo creció, derivando en el uso de sustancias más fuertes, más peligrosas. Lo que empezó como un intento desesperado por calmar su mente se transformó en una adicción silenciosa y progresiva.
Su madre, angustiada, ha pedido ayuda por años. Ha tocado todas las puertas: Departamento de la Familia, ASSMCA, programas privados, psicólogos, residencias para adolescentes. Pero todo ha sido en vano. Él es menor. Las opciones exigen que ambos padres autoricen y que el menor acceda voluntariamente, aunque su juicio esté afectado por su condición y consumo. La burocracia legal no permite intervención forzada. Peor aún, el Departamento de la Familia abrió un caso hace tres años, que hasta el día de hoy sigue sin ser atendido.
Ahora tiene 16 años. Fue detenido por la policía con una cantidad de droga superior al uso personal. Le radicaron cargos por posesión y venta. Hoy, en lugar de estar en un centro recibiendo tratamiento por su adicción, enfrenta un proceso judicial. Nunca recibió la ayuda que su madre imploró durante años.
¿Quién es el responsable? ¿El padre que se negó al tratamiento? ¿La madre que luchó sola sin respuesta? ¿El sistema que observa, registra y archiva, pero no actúa o actúa con lentitud?
Este adolescente no está solo. Hay muchos más jóvenes atrapados en un limbo legal y médico. Niños diagnosticados, pero no tratados. Familias rotas, recursos limitados, voluntades enfrentadas. Y un sistema que, aun con buenas intenciones, está diseñado para intervenir cuando ya es demasiado tarde.
Puerto Rico necesita una red de salud mental real para su niñez y su adolescencia. Necesita protocolos de emergencia para menores con condiciones no tratadas. Necesita una vía legal que proteja al menor por encima del desacuerdo entre los padres. Necesita prevención, intervención temprana y centros terapéuticos seguros.
Porque un adolescente con adicción no necesita una celda. Necesita una oportunidad.Un tratamiento. Un sistema que no lo abandone. ¿Cuántos más como él caerán antes de que dejemos de mirar hacia otro lado? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Es momento de actuar.
No podemos seguir esperando a que sea demasiado tarde. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de alzar la voz, exigir cambios y construir un sistema que proteja a nuestros niños y adolescentes antes de que lleguen al borde del abismo. Que esta historia no sea solo una anécdota dolorosa, sino el inicio de una transformación. ¡Actuemos ya!