La pregunta surge tras dos días de interrogatorios públicos a la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar. Sobre el caso ante sí, las preguntas son claras y las respuestas parecen fáciles de conseguir, pero no parece haber voluntad para buscar la verdad.
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A todas luces, la liberación de Hermes Ávila estuvo en manos de un grupo no mayor de 15 personas, entre empleados públicos, y médicos contratados por una empresa privatizadora del sistema de salud en las cárceles y el Fondo del Seguro del Estado. Entonces, ¿Por qué aún estamos dándole vueltas al tema?
Los hechos están ahí:
· Hermes Ávila estaba preso por asesinato de una mujer. No se le probaron otros casos en los cuales era sospechoso.
· Ávila solicitó salir en varias ocasiones bajo la ley 25 que le permite salir a confinados con una enfermedad terminal cuya expectativa de vida menor de seis meses “o con condiciones deformantes e incapacitantes severas”.
· Un médico del Fondo del Seguro del Estado lo incapacitó tras un accidente en la cárcel y lo diagnostico.
· En mayo del 2021, justo cuando Ana Escobar era confirmada por el Senado con el aval de los populares menos Zaragoza y otros cuatro (PIP, MVC y el independiente) como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un panel médico de salud correccional avaló su condición de paraplejia.
· Ávila apeló a La Fortaleza en agosto del 2021 que se ejecutara el permiso tras la decisión médica.
· Una funcionaria del sistema carcelario y la secretaria rechazaron ante Fortaleza su liberación, durante ese mismo mes, por el problema de seguridad que este confinado representaba y porque no cumplía con un requisito de contar con un hogar familiar que le apoyara en la libre comunidad.
· Siete meses después fue liberado.
· Este año, alegadamente, mató a otra mujer.
¿Qué o quien hizo cambiar la decisión luego de agosto del 2021? ¿Por qué se convalidó la casa de una novia por el hogar familiar de apoyo que establece el requisito? ¿Intervino el Departamento de la Familia después del 30 de agosto del 2021? ¿Quién lo ayudó en el Gobierno? ¿Fue un acto de ineptitud no realizar las visitas que se mandataban como seguimiento al caso o miraron hacia otro lado a propósito? ¿Por qué en agosto del 2021 el caso se atendió con celeridad y al más alto nivel en La Fortaleza? ¿Por qué no consta del expediente la expectativa de vida del confinado que establecieron los médicos?
¿Alguien puede citar a los médicos, incluyendo al del Fondo del Seguro del Estado? ¿Alguien puede citar al trabajador o trabajadora social que tenía asignado el confinado? ¿Alguien puede citar a la funcionaria que firmó el pase permanente y hacerle todas estas preguntas? ¿Ya concluyó la investigación administrativa en Corrección? ¿En qué consistió esa investigación administrativa más allá de una auditoría externa a los expedientes médicos? ¿Conllevó esa pesquisa un análisis legal y desde la perspectiva de las leyes relacionadas a recursos humanos en el ambiente laboral?
Este no es un caso para Perry Mason o Sherlock Holmes. Es un caso que no debe ser difícil. Claro, la complejidad surge cuando en 18 días tendremos unas primarias determinantes para los dos partidos principales. ¿Tendremos que acusar a las primarias y sus organizadores de obstrucción a la justicia? Busquemos la verdad. Al final, la pregunta central es, parafraseando a un candidato a la gobernación en medio de un debate hace varios años, ¿o sabían o son unos ineptos? ¿Hermes Ávila los cogió de tontos a todos o tenemos un gobierno de tontos? Decidan.