El próximo agosto se cumplirán dos años del feminicidio de Greymar Irizarry Pagán, hija de mis primos. Nuestra familia vivió el calvario de recibir la noticia, llevar a cabo los actos funerarios. Pasar todo el proceso de vistas en el tribunal. Soportar las especulaciones machistas que revictimizan a la familia. Celebrar las pequeñas victorias en el desarrollo del caso y luchar, luchar mucho. Mover cielo y tierra cuando el sistema se dilataba en la búsqueda de los informes oficiales vitales para la resolución del caso.
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Cada vez que una mujer es asesinada por la violencia machista la sentimos nuestra y hay que romper el silencio. La razón y la moral están claras, hay que denunciar que las fragilidades del sistema de corrección y la compañía Physician Correctional. Le fallaron a Ivette Joan, a su familia y la seguridad que merece nuestro pueblo. El feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega deja en el más profundo duelo a sus padres: María Antonia Vega Adorno, de 78 años y Dolores Meléndez Lozano, de 82 años. Toda una familia tocada por esta muerte cruel.
El feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega nuevamente expone, una vez más, las graves fallas, no sólo del sistema de Corrección del país, sino también de las agencias del gobierno de Puerto Rico sostenidas en un sistema patriarcal que mina su agilidad y efectividad ante la violencia de género y los feminicidios. Esto, porque la construcción de las estructuras sociales que deben garantizar la seguridad y la vida, son en sí mismas patriarcales. Por lo tanto, alimentan las violencias machistas, procurando la auto preservación del sistema.
La violencia machista de Hermes Ávila Vázquez, quien estaba en prisión por el feminicidio de Celia López García en el 2005, es una violencia directa que pone en evidencia la violencia estructural que se desplaza a través de las instituciones sociales. La violencia machista en Puerto Rico todavía anda suelta.
Por ejemplo, la visión de que el cuerpo de las mujeres es un objeto sexual y su vida y economía son una posesión, refuerza la violencia directa que intimida, reprime y mata. La violencia estructural institucionalizada y cultural o simbólica, interioriza esa relación, haciendo que la estructura sea muy duradera, pues su origen está en las estructuras de dominación patriarcal, androcéntricas y heteropatriarcal. Desde este punto de vista, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la compañía privada Physician Correctional le fallaron a Ivette Joan Meléndez Vega y también a Celia López García, por cuanto al agresor y convicto le liberaron de la condena de 122 años de prisión que le fue impuesta. De otra parte, y en aras de la auto preservación, las respuestas que han ofrecido el primer mandatario del país y líderes de agencias no corresponden a la magnitud de los hechos. La sensibilidad expresada se queda muy corta y a la “empatía” le falta tomar acciones concretas frente la violencia de género rampante de nuestra vida cotidiana.
¿Le aplicaba al convicto la Ley 25? ¿Cuál fue el protocolo de evaluación del convicto y cómo se llevó a cabo? Según los antecedentes: ¿El convicto no representaba un peligro letal para la sociedad de la cual fue separado por asesinar a una mujer en el 2005? ¿Cómo los médicos y demás profesionales evaluadores llegaron a la conclusión de que cumplía los requisitos de la Ley 25?
Las violencias machistas le roban la libertad, la dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física a sus víctimas. Víctimas en plural, porque no sólo se trata de la persona, o de la mujer directamente afectada y asesinada; sino también de su familia y su comunidad. Toda la sociedad recibe el impacto de las violencias machistas, al mismo tiempo que tiene el desafío de deconstruir el patriarcado aprendido.
Para la erradicación del patriarcado abogamos por una educación con perspectiva de género para promover otros modelos en las relaciones. Incluyendo el diálogo como estrategia principal para la solución de problemas, el respeto a la diversidad y los valores democráticos y solidarios.
La Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. propone a las iglesias y sociedad civil que denuncien, eduquen, deconstruyan y prediquen que el patriarcado es una práctica cultural y de opresión que nada tiene que ver con el modelo de Jesucristo donde se exalta el amor, la justicia y la liberación de la humanidad. Que se trabaje intencionalmente contra la legitimización del patriarcado como voluntad divina o como orden natural y que se redefina este como una distorsión pecaminosa de las buenas relaciones humanas y como apostasía del propósito divino de la creación. Que la sociedad civil problematice los continuos mensajes mediáticos, políticos y económicos que perpetúan la desigualdad en los salarios y falta de oportunidades para las mujeres.
La violencia machista en Puerto Rico todavía anda suelta y está en nuestras manos erradicarla.