Es muy preocupante que el rayo caiga en el mismo lugar dos veces, imagine tres o cuatro. La situación que está ocurriendo con los casos de violencia de género en las salas judiciales, y que terminan en las muertes de las víctimas, está pasando de castaño a oscuro… bueno, creo que ya pasó con el caso de Linette Morales en Yauco. Allí no murió solo ella, allí mataron a su mamá y a su hermano. Los tres ejecutados viciosamente, como animales, por un infeliz reincidente cuyos “derechos” fueron puestos por encima de las vidas de estas tres víctimas.
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Cuando hablo de las fallas en las salas judiciales, no lo hago estrictamente pensando en los jueces porque ellos no son el único componente de la justicia.
Andrea Ruiz Costa puso al tribunal en posición de ir más allá en su denuncia contra el sicópata que eventualmente la asesinó y quemó, luego de que no se tomara acción en abril del 2021. Ella relató el infierno que vivía. Fue una jueza la última persona que tuvo, probablemente, la oportunidad de salvarla. El caso resonó en todo Puerto Rico. Imposible que exista un juez en el sistema que no se enterara de lo ocurrido y cómo falló el sistema.
En el mes de diciembre pasado Karla Rodríguez Ares también perdió la vida luego de que, nuevamente una jueza, encontró causa para el delito de maltrato agravado, pero le tomó dos minutos cambiar de posición cuando el abogado del asesino la convenció de que la mujer no corría peligro y que tampoco aplicaba maltrato porque el hombre solo entró sin autorización a la residencia de la víctima cuando ella no estaba y por lo tanto no le hizo daño físico ese día. Obvió el abogado, y la jueza pareció ignorar también, el patrón de acecho del asesino narrado por la víctima. Ella y su acompañante fueron ejecutados por el hombre que el abogado pintó como un inofensivo mequetrefe.
Linnette es la más reciente víctima notoria cuyo caso pone en relieve si en los tribunales se ha entendido los potenciales riesgos de las víctimas en casos similares. Curiosamente en el caso de Linnette también intervino una jueza. Lo destaco por aquello de que uno supondría mayor empatía entre las féminas ante esta epidemia de violencia contra ellas.
Un médico que por una mala decisión cueste una reacción adversa en un paciente es demandable y puede ser despedido. Hace unos días tuve la oportunidad de preguntarle a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, si habría consecuencias en caso de que la investigación ordenada de este caso determinara que el juez actuó incorrectamente: “Depende de la falla que haya sido. Si el error es un error de derecho, administrativamente nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo castigar a un juez por decidir mal… Si es otro tipo de falla, si hay negligencia, pues sí se pueden tomar ciertas cartas sobre el asunto… hay asuntos que se pueden tramitar administrativamente, pero hay otros que no se pueden tramitar administrativamente”, explicó. Oronoz destacó que hay casos que sí pueden provocar cambios para que prospectivamente no se repitan. La pregunta es si luego del caso de Andrea eso provocó algún cambio. Luego del caso de Karla, ¿eso provocó algún cambio?
Las decisiones de los jueces son incuestionables y hasta las decisiones que cuestan vidas son auto-protegidas. La percepción para algunos es que el comportamiento de la judicatura es similar al de una fraternidad. Cuando “Juan del Pueblo” comete un error y eso cuesta algo, es un juez quien le impone consecuencias. Cuando digo que el comportamiento de la judicatura parece una fraternidad me refiero a que cuando son ellos los que cometen algún error pues se trata de eso, solo un error, una mala decisión que aunque haya costado una vida pues hay que dejarlo ahí. El juez no tiene que explicar y que venga el próximo caso. Se siente como si el sistema le dijese a las víctimas, aunque no sea así, “perdona sae’” y siguieran caminando. Ocurrirá otro caso pronto y veremos lo mismo: “es lamentable”, “se pudo haber hecho esto o aquello”, “se falló aquí pero no podemos hacer mucho”, y seguiremos en ese círculo vicioso.
Hablo sobre casos donde se pierden vidas de mujeres y no se puede enmendar la mala decisión, sobre los jueces conformistas en casos así, que estoy seguro no son la mayoría, que no muestran gran preocupación por las víctimas, dando más énfasis a proteger el derecho del delincuente asiduo. Yo sé que hay casos y hay casos.
Yo no creo en la práctica de que los jueces no tengan que explicar y mucho menos en que tengan que mantenerse en “la dignidad del silencio” cuando son cuestionados públicamente, quizás de manera injusta. Yo creo que los jueces deben estar obligados a explicar sus decisiones. Eso ayudaría mucho a entenderlos mejor, aunque en realidad tampoco se les prohíbe que expliquen y fundamenten sus decisiones. Si no lo hacen es porque no desean.
Este escrito no puede dejar fuera la responsabilidad de los fiscales. Los jueces, como mencioné, no tienen la responsabilidad única y no es justo adjudicar solo sobre ellos. En los tres casos mencionados trascendió la complacencia y/o pasividad de algunos fiscales. Cuando las banderas y alertas están encendidas no pueden ser tan “ñe, ñe, ñe…” con los abogados de defensa. Ahí tampoco hay consecuencias y por eso mismo seguiremos perdiendo mujeres a manos de enfermos… porque se tropieza con la misma piedra y no hay consecuencias. Todos se sienten protegidos porque, contrario a las víctimas, parecen no sentir ninguna amenaza porque para ellos se trata de simples “malas decisiones”.