Así, sin hacer mucho ruido y como quien no quiere la cosa, nuestro gobierno –su estructura- se ha reducido a una versión modesta de lo que algún día fue. Y claro que en las últimas décadas el gobierno no ha sido el más eficiente de los aparatos. Sin embargo, en tiempo reciente los brazos del gobierno destinados a fiscalizar al estado y el otorgamiento de servicios a los ciudadanos han entrado en una modalidad que, digamos, está algo pasado por agua. Languidecido por decir lo menos.
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Para empezar, la lluvia de interinatos. Vaya usted repasando agencias. La Procuraduría de la Mujer no tiene dirección formal. Aunque la licenciada Madeline Bermúdez ha mostrado su disponibilidad para ocupar el cargo en propiedad, Fortaleza ha optado por dejar “la cosa como está” en momentos en que es evidente la crisis de violencia contra las mujeres y en donde, a pesar de ello, no se ha elaborado una campaña masiva para respaldar los esfuerzos en contra de esa modalidad de violencia.
La Comisión Estatal de Elecciones tampoco tiene presidenta o presidente formal a las puertas del año electoral. Sobre ello, el Gobernador adelantó que no descarta enviar una terna de 3 nombres a ser considerados para llenar la posición. En el Departamento de Asuntos del Consumidor el cantar es similar. Lisoannette González ocupa la silla de manera interina y hace desde ella lo que puede desde una agencia que ha recibido imparables machetazos presupuestarios desde hace años.
Al tema de los interinatos añada la manera en que se han desvirtuado las funciones de las procuradurías. Antes, ente de verdadera fiscalización a la manera en la que el Estado ofrece sus servicios. Hoy, una especia de sucursales del ejecutivo. Tímidas y silentes en su mayor parte. Incapaces en muchos otros casos de hacer señalamientos que peritan el mejoramiento del funcionamiento del Estado. Hagamos un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó al procurador del ciudadano? Históricamente, el llamado Ombudsman ocupaba una voz importante en la discusión pública. Realizaba investigaciones y denuncias; solicitaba espacio en los medios para divulgar los resultados y ponerse a la disposición de los ciudadanos. ¿Sabe usted el nombre del actual procurador del ciudadano? Posiblemente perdió de vista que ese puesto es ocupado por Edwin García Feliciano, exalcalde de Camuy y quien fue nombrado al cargo por la exgobernadora Wanda Vázquez. Localmente, de García Feliciano para fiscalizar al estado se sabe muy poco. De una búsqueda en Google, su última aparición en un medio escrito de alcance nacional se dio desde una columna de opinión en diciembre de 2022. El 7 de octubre del corriente estuvo por Colombia hablando desde allí sobre los problemas de acá.
Repitamos el ejercicio. ¿Sabe cómo se llama la procuradora de las personas de edad avanzada? Su nombre es Carmen Sánchez Salgado y aunque si se le llama es posible que esté disponible para entrevista, no recuerdo la última vez que convocó a los medios de comunicación o pidió espacio en ellos para hablar sobre el estado de situación de los servicios del Estado a la población de edad avanzada que debe defender. Su rol se ha limitado a la reacción y no a la proactividad, la investigación o la denuncia de las condiciones de precariedad evidente que vive la población a la que está llamada a servir. Es desde el Departamento de la Familia que nos enteramos de la alta tasa de abandono de nuestros viejos, la falta de recursos por parte del estado para atenderlos. Desde la procuraduría, nada. O muy poco.
¿Y si le pregunto por la procuradora del paciente? Seguramente tampoco le conoce o le ha escuchado hablar. Si se le ocupa con alguna denuncia, la recibe. Pero, como sucede con otros tantos, nada se sabe de denuncias sobre otorgación de servicios ¿No que estamos en medio de una crisis de salud?) , fiscalización de hospitales, aseguradoras o médicos? El silencio es la norma.
A todo lo anterior añada la virtual desarticulación de la Comisión de Derechos Civiles de la que no se han nombrado los componentes necesarios para que tenga el quórum que le permita firmar resoluciones u ordenar investigaciones. Un escenario en el que impera el silencio podría ser confundido con la eficiencia absoluta. Si nada se investiga, nada se reclama y nada se denuncia parecería que todo marcha de maravillas. Así cualquier puede jugar el juego del gobierno “sobre ruedas”. Mejor jugar limpio. Haciendo los nombramientos que deben ser realizados, otorgando a los organismos fiscalizadores los recursos y la discreción para hacer su trabajo. Sobre todo esto último. Funcionarios que comprendan que su trabajo no es ser una extensión del gobierno que les nombra sino una salvaguarda de ese mismo gobierno para que se le aprieten las tuercas cuando se le aflojan. Lo contrario sirve de muy poco.