Desde hace algún tiempo me inquieta una situación que estoy viendo en la Rama Judicial de Puerto Rico. Se trata de una enajenación absoluta de sus jefes con la discusión pública.
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Sí, sé que los jueces no hablan públicamente, no discuten sus casos con los medios y menos los jueces del Tribunal Supremo. También sé que hay una máxima entre ellos de que “hablan” a través de sus decisiones y que el resto lo mantienen, como dijo una vez el ex juez del Supremo Federico Hernández Denton, amparados en la dignidad del silencio.
No me refiero a eso. Me refiero a la obligación que tienen las tres ramas de nuestro gobierno constitucional de rendirle cuentas al país y orientar a la ciudadanía sobre su funcionamiento, para que así todos entendamos nuestro sistema público de forma tal que podamos tomar las decisiones de la manera más educada posible.
Cuando fui presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico hace unos años atrás, la historia me permitió participar de manera protagónica en la conclusión de un proceso que habían comenzado otros periodistas, como el fenecido Ismael Fernandez, hace décadas. Se trataba de la apertura de las salas judiciales a las cámaras de televisión y de los fotógrafos de prensa. Nuestro argumento era y sigue siendo que los tribunales tenían que abrirse, como en otras tantas jurisdicciones, al escrutinio público como ocurre en las otras dos ramas de gobierno, salvaguardando la integridad de los procesos.
En aquel momento lo logramos y la entonces composición del Tribunal Supremo aprobó un plan experimental temporero que le permitía a los medios solicitar, caso a caso, el acceso visual a los procesos de alto perfil. Ese plan experimental temporero sigue vigente y la actual composición del Supremo ha ignorado la necesidad de reabrir el tema para que se apruebe un plan permanente, con un proceso que no requiera pedirle permiso al máximo foro judicial cada vez que la prensa tenga interés en algún caso. Se suponía que eso pasara hace tiempo y que esa apertura se diera en todos los tribunales como un proceso regular, no extraordinario.
En aquel momento se cuestionaba, y todavía, que los juicios se convierten en espectáculos mediáticos. Difiero. Las salas judiciales tienen bancas para el público que desee ir. Esto que logramos hace un tiempo es para la inmensa mayoría que no puede ir personalmente a observar estos procesos que, como dicta nuestra Constitución, son públicos. El proceso aprobado en aquel momento contiene las garantías para no violentar ningún derecho en casos de menores, casos de familias, testigos que necesitan protegerse, víctimas de violencia de género, etc.
Hago este recuento para ir más allá de reclamar que se reabra el tema de las cámaras en las salas judiciales y se establezca un proceso permanente. Lo hago porque creo que la actual Administración de los Tribunales y la jefatura del Tribunal Supremo de Puerto Rico, distinta a la anterior, ha vuelto a los tiempos de exponerse ante el país como unos dioses del olimpo inaccesibles a la ciudadanía.
Los casos de alto perfil recientes como el de Justin (hermano de Arcángel), Casellas y sí, hasta el de Lisha, provocan muchas dudas en la ciudadanía sobre el proceder de los tribunales.
¿Por qué no salen los jueces a orientar? ¿Por qué no explican los procesos? ¿Por qué dejan este rol a los abogados comentaristas en los medios y no escuchamos voces desde la oficialidad para poder preguntarles para que la gente se sienta más educada? Es más, ¿Por qué no salen a defender y explicar su pedido de aumento salarial?
Recuerdo que hace muchos años existía una asociación de jueces muy activa. No sé si existe, pero parecería que no. Veo en estos días al Departamento de Justicia (que no tienen el mismo rol que los tribunales y ello suele confundirse) accesible y dispuesto a ir públicamente para explicar cómo proceden en sus casos. Eso esta muy bien. Pero los tribunales, brillan por su ausencia de la discusión pública.
Los miembros del Poder Judicial (como ahora ellos se resaltan) tienen la misma obligación que los de las ramas legislativa y ejecutiva, como hacen a diario, de rendirle cuentas al país y exponerse a la conversación pública. Es lamentable que se hayan apartado de esa obligación. Quizás si lo hicieran, se vería menos repugnante el aumento de salario que piden.
¿Qué usted cree?