Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba entre las instituciones más respetadas de la nación.
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El giro violento de la corte hacia la derecha, combinado con las revelaciones de señalamientos éticos que involucran a los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., han cambiado rápida y dramáticamente esa imagen. Eso, a su vez, ha centrado una nueva atención en una idea que ha atraído el apoyo de académicos constitucionalistas tanto de izquierda como de derecha: los límites de términos.
El liderazgo republicano actual en el Congreso tiene poco interés en cambiar el status quo: finalmente obtuvieron la mayoría profundamente conservadora en el Tribunal Supremo, cosa que el Partido Republicano había tratado de obtener durante décadas. Como consecuencia, hay poca o ninguna probabilidad de que se apruebe una medida de límite de términos este año o el próximo. Pero a medida que la estima por dicha corte se continúa desplomando, la propuesta de límite de términos, que atrae el respaldo de los expertos en estos temas y del público en general, podría ser una idea cuyo momento ha llegado.
No debe haber dudas sobre la urgencia del problema.
El problema
Hace tan solo tres años, según varias encuestas, cerca del 70 % de los estadounidenses opinaban que aprobaban la forma en que el Tribunal Supremo estaba manejando su trabajo. Hoy, la proporción de aprobación de su trabajo se ha reducido a niveles por debajo del 40 %, según las más recientes encuestas.
Las opiniones sobre el Tribunal Supremo han girado hacia lo negativo entre los votantes de ambos partidos principales, aunque la caída más pronunciada se produjo entre los demócratas, especialmente desde la decisión del año pasado en Dobbs vs. Jackson Women’s Health, que puso fin a la garantía nacional del derecho al aborto.
Las razones de la caída no son difíciles de identificar: la posición privilegiada de la Corte Suprema basada mayormente el prestigio histórico que sus miembros y del aura de intocables que eso implica se ha desgastado mucho durante los últimos años.
En una sociedad democrática, dejar que nueve funcionarios no electos decidan cuestiones críticas de política pública es difícil de vender. El poder de la corte ha dependido de convencer a los estadounidenses de que vean a los jueces como tomadores de decisiones imparciales que emiten decisiones basadas no en la política, sino en la ley.
El número de estadounidenses dispuestos a creer eso ha disminuido.
Aproximadamente el 80 % de los estadounidenses ahora dice que la corte está motivada principalmente por la política, en comparación con el 20 % que dice que la motivación es principalmente la ley. En 2018, las mismas encuestas reflejaban una división casi pareja (50 %/50 %) en esa pregunta; la proporción de quiénes creen que las motivaciones de la corte son políticas ha aumentado cada año desde entonces.
Varios eventos han cambiado la opinión del público.
Se podría decir que todo comienza con una serie de batallas de confirmación amargamente polémicas. En el 2016, los republicanos encabezados por el senador Mitch McConnell organizaron un bloqueo de 293 días para paralizar el esfuerzo del expresidente Barack Obama para confirmar al entonces juez, Merrick Garland. Luego, en el 2018, llegó la batalla televisada sobre la nominación de Brett M. Kavanaugh por parte del expresidente Donald Trump. Dos años más tarde, McConnell lideró el esfuerzo relámpago para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett a solo días de las elecciones del 2020.
Estas disputas altamente comentadas por todos los medios nacionales consolidaron la visión del público de la corte como dominada por los republicanos. Desde entonces, la mayoría conservadora de la corte ha reforzado esa opinión afirmando agresivamente su poder. Al final del mandato del año pasado, emitieron decisiones de gran importancia que dieron un giro violento hacia el lado conservador en temas como el aborto, las armas y el esfuerzo de la nación para combatir el cambio climático. Esencialmente, por medio de sus decisiones, tres días de verano revirtieron una década de cambio social.
La solución
El tiempo cada vez mayor que los jueces sirven hace que sus problemas empeoren, aislando a la corte de la responsabilidad pública.
Desde la fundación del país hasta 1970, los jueces de la Corte Suprema sirvieron por un promedio de poco menos de 15 años, pero el promedio de permanencia en el cargo comenzó a aumentar en la década de 1970 y casi se ha duplicado. Los últimos cuatro jueces que abandonaron la corte, dos por jubilación, dos por muerte, sirvieron un promedio de 29 años.
Los plazos más largos no son un accidente. Los presidentes de ambos partidos, buscando maximizar su impacto en la corte, han estado buscando candidatos más jóvenes. En el último medio siglo, 17 personas se han unido a la corte. Solo uno tenía más de 55 años cuando fue confirmado: la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien sirvió 27 años antes de morir en el cargo. Además, los jueces a menudo tratan de programar sus jubilaciones para asegurarse de que un presidente de su propio partido pueda reemplazarlos, lo que prolonga su mandato como resultado. Y, por supuesto, la gente vive más ahora que cuando se redactó la Constitución.
Todo eso ha reducido el número de vacantes, limitando el único proceso, el nombramiento de nuevos jueces, que la Constitución proporcionó como un control democrático del poder de la corte.
Expertos en temas de la judicatura tanto del ala conservadora como del ala liberal han propuesto una enmienda constitucional que establezca un límite de 18 años, con períodos que terminan cada dos años, garantizando que cada presidente tendría dos vacantes para cubrir cada período de cuatro años.
El Centro Brennan aboga por un plan similar junto con un código de ética aplicable para los jueces. Argumentan, además, que los límites de mandato podrían establecerse por ley, en lugar de requerir una enmienda. Según su plan, los jueces podrían continuar en el tribunal federal de por vida, pero solo servirían como miembros activos de la Corte Suprema durante los primeros 18 años.
El público está de acuerdo: los límites de mandato habitualmente obtienen la aprobación de sobre 65 % de los votantes en las encuestas.
Existe una amplia sensación de que la corte no rinde cuentas y es política, y esa es una especie de combinación tóxica. Por el bien de la corte, y el papel que puede desempeñar como fuerza estabilizadora en una sociedad profundamente polarizada, es hora de tratar de arreglar esa toxicidad antes de que empeore.