En su artículo en El Nuevo Día del 19 de abril de 2023 titulado; “La estadidad para Puerto Rico, en su mejor momento”, el abogado Carlos Dalmau Ramírez, férreo defensor del régimen territorial y anclado cómodamente en la posición colonialista, argumenta que la exclusión de la opción territorial en el nuevo proyecto de estatus es la causa por la cual la quimera de la estadidad queda beneficiada.
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El autor reconoce que este “nuevo” proyecto no es nuevo, pues es prácticamente el mismo que fue rechazado anteriormente por el Congreso, y reconoce que está abocado a seguir el mismo destino del “viejo” proyecto, es decir, sumarse a la larga lista de iniciativas congresionales que han quedado en nada. No obstante, utiliza la ocasión para inyectar con desinformación a una de las opciones en un claro intento por desacreditarla.
Porque más que un escrito para defender y promover el régimen colonial y la estadidad, se trata de un esfuerzo para desmerecer la libre asociación con demagogia, imprecisiones y medias verdades. Para ello, retoma lo que él llama el “problema seminal” de la libre asociación, el requisito de que el pacto puede terminarse de forma unilateral, asunto que se ha discutido anteriormente, pero que al parecer el autor no se ha enterado.
Debemos recalcar que la libre asociación es una opción descolonizadora reconocida por el derecho internacional y el derecho norteamericano. Está definida como una relación soberana, voluntaria y no impuesta. Hoy, los EEUU tiene pactos de libre asociación con tres países, más que cualquier otro país. Por ello, todos los pactos de libre asociación vigentes requieren la cláusula de terminación unilateral del pacto para proteger a las partes por igual. Esta es precisamente la exigencia que da validez internacional al pacto. De lo contrario, la comunidad internacional lo interpretaría como una imposición, lo cual es contrario a la definición misma de soberanía. Cabe señalar en este punto que nunca un pacto de libre asociación ha sido terminado, ni unilateral ni bilateralmente. Todo lo contrario, han sido renovados consecutivamente entre ambos países asociados debido a los beneficios (políticos, económicos y de seguridad) que representan para las partes.
Los detalles de la forma y consecuencias de la terminación de un futuro pacto de libre asociación forman parte del pacto, y será el pueblo puertorriqueño, vía referéndum, quien los apruebe o rechace. Asimismo, la terminación unilateral debe ser aprobada de igual forma a como fue aprobado el pacto, es decir, en el Congreso mediante una ley o en Puerto Rico vía referéndum. No obstante, si nos dejamos llevar por los pactos vigentes, debemos esperar que, aun de concluir el pacto unilateralmente, EEUU continuará con sus responsabilidades económicas con Puerto Rico.
La cláusula de terminación unilateral no es un impedimento para que el pacto sea lo permanente que las partes quieran. En este sentido, la alianza política entre ambos países que conlleva la libre asociación asemeja a un matrimonio. Por ejemplo, los novios contraen matrimonio convencidos que será para toda la vida, pero conociendo que existe la posibilidad del divorcio. Nadie decide no casarse por el “riesgo” de un divorcio. La libre asociación es una alianza política entre dos países con la posibilidad de divorcio (terminación unilateral), y el pacto es la capitulación política que regirá las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU.
Sorprende, por supuesto, que el desasosiego que le provoca a Dalmau Ramírez el “problema seminal” de la libre asociación no se le manifieste igualmente ante la realidad de que, bajo el régimen colonial (ELA) actual, nada impide que los EEUU realice un derelicto (abandono) en Puerto Rico sin ninguna responsabilidad o consecuencia. Incluso, como indagó el presidente Trump y detallaron los informes presidenciales de Obama y Bush, los EEUU pueden ceder o vender a Puerto Rico a cualquier otro país y ni siquiera notificarles a los boricuas – eso se puede hacer bajo el ELA. Bajo el ELA que defiende Dalmau Ramírez, los EEUU quitó la sección 936 a su antojo, impusieron la privatización al sector energético y una junta no-electa y antidemocrática para cobrar deuda colonial sin importar el sentir de los boricuas porque les dio la gana – pero ante ese abandono, prepotencia y negligencia colonial, Dalmau Ramírez no dice nada.
En este sentido, es evidente que la libre asociación representa un avance político exponencial frente al ELA colonial. Recuerden que un gobernador estadista con 33% de apoyo electoral y un plebiscito ignorado por el Congreso donde solo el 27% de los electores registrados votaron por la anexión, solo muestra el declive del movimiento anexionista en Puerto Rico – claramente no es su mejor momento y los congresistas lo saben.
Con la libre asociación, existirá un pacto bilateral real, viable y no colonial con validez internacional entre ambos países soberanos, y con la posibilidad de terminación unilateral con consecuencias y responsabilidades para las partes. Con el ELA, al contrario, existe una relación desigual, territorial y colonial en el que una de las partes tiene el control y dominio absoluto, que puede terminar irresponsablemente en cualquier momento la relación entre Puerto Rico y los EEUU.
Con la soberanía nacional y la libre asociación, Puerto Rico por fin tendrá igualdad entre los países del mundo, una alianza política y económica con los EEUU y la unión permanente con la comunidad internacional. Aunque algunos todavía están añorando al cadáver político del ELA y sueñan con “lo mejor de los dos mundos”, más boricuas se dan cuenta que la soberanía nacional es “lo mejor de todos los mundos”.