En Puerto Rico, hace muchos años que estamos viviendo las agresiones sistemáticas al ambiente y contra la ecología. Esto es producto de un sistema económico que tiene como fundamento la búsqueda insaciable de ganancia privada. Todo se ha convertido en un negocio y, si destruir humedales, cuevas, palmares y playas genera ganancias, se destruyen.
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Cuando el gobierno no interviene en la economía – cuando esta se basa solo en la competencia y en la búsqueda de ganancia privada –, lo que impera es la destrucción del ambiente y de la humanidad. Por eso hemos visto que en Puerto Rico el gobierno no se ha puesto del lado de quienes protegen el ambiente. Por el contrario, se ha puesto del lado de quienes lo destruyen. Un ejemplo de esto fue el veto del gobernador al PC 474 que le concedía legitimación activa a la ciudadanía para acudir a los tribunales a exigir que se cumpla con las leyes y reglamentos ambientales.
Hace más de ocho meses que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó que en un término que no debía exceder de 30 días, la empresa Aguadilla Pier Corp., de Carlos Román González, demoliera las estructuras que construyó sobre la cueva de las Golondrinas. Se ordenó, además, que se restaurara el lugar a sus condiciones naturales al concluir que la construcción de Aguadilla Pier Corp. está en la zona marítimo terrestre, lo que resulta en un aprovechamiento de bienes de dominio público.
Sin embargo, la empresa no solamente viola las leyes y reglamentos e incumple con órdenes de las agencias del gobierno, la compañía contrató a un grupo paramilitar que le disparó a manifestantes, defensores del ambiente y de nuestros recursos. Según la prensa, la Policía encontró quince casquillos de bala en la escena del crimen – ambiental y violento. Sin embargo, al día de hoy no se han arrestado a los delincuentes que dispararon a mansalva: paramilitares al servicio de un criminal ambiental que se apropia de nuestros recursos, destruye el medioambiente y pone en riesgo nuestras vidas.