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Puerto Rico atraviesa una crisis, una emergencia por la violencia de género. Hubo 79 feminicidios en el 2022, un aumento a los 53 que hubo en el 2021, y el 2023 comenzó con dos feminicidios. Esto es inaceptable. Debido a la alarmante ola de feminicidios y violencia doméstica, hace dos años el gobernador emitió una Orden Ejecutiva para declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Dicha Orden reitera que la política pública del Gobierno de Puerto Rico es “darle prioridad a la prevención y atención de la violencia de género en todas sus manifestaciones”.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) es una entidad independiente que fue creada como una conquista de las mujeres para hacer valer esa política pública en contra de la violencia de género, el discrimen de género y a favor de la equidad de género. Recientemente, el gobernador designó a Vilmarie Rivera Sierra a dirigir la OPM, por cumplir con los requisitos del cargo, según la ley. Sin embargo, integrantes de la delegación senatorial del Partido Nuevo Progresista desafían las políticas públicas gubernamentales y comparten la ideología reaccionaria del Partido Proyecto Dignidad al estar en contra de la designación de Rivera Sierra.
El gobernador tiene el reto de ejercer su liderato o, por el contrario, permitir que prevalezca el sector recalcitrante del PNP que compite con sectores fundamentalistas por la portavocía del retroceso, por la limitación de nuestros derechos y libertades democráticas. Nuestro llamado es a que el gobernador ejerza su liderato y les exija a los integrantes de su partido que hagan valer las políticas públicas vigentes, las Órdenes Ejecutivas, y que se confirme a Rivera Sierra.
Según la ley que crea la OPM, la designada deberá estar dispuesta a “hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”. Esto es lo que dice la ley, aunque algunas legisladoras insistan en violarla. El análisis con perspectiva de género no es una “agenda ideológica”, sino el texto claro de la ley, por lo que no pueden desacatarla.
