Integra PR exige capacidad para transformar el gobierno

Lea la columna del abogado estadista

Por Alejandro Figueroa

19 nov, 3:00 am 4 min de lectura
Integra PR exige capacidad para transformar el gobierno

Puerto Rico necesitaba modernizar la administración de sus recursos. Un gobierno que maneja miles de millones de dólares no puede depender indefinidamente de plataformas envejecidas, trámites manuales y sistemas que funcionan como islas. La necesidad de Integra PR es clara. También debe serlo la obligación de implantarlo con disciplina, proteger la continuidad de los servicios y responder por sus resultados.

Un ERP, por sus siglas en inglés, es una plataforma de planificación y administración de recursos. Permite conectar presupuesto, contabilidad, compras, inventarios, pagos y, según los módulos implantados, recursos humanos y nómina. Su utilidad se entiende con un ejemplo: desde que una agencia solicita una compra hasta que paga la factura, debe poder seguirse la transacción y conocerse qué fondos compromete, quién la autoriza y qué recibió el gobierno.

Esa integración procura reducir duplicidad de registros, errores y reconciliaciones manuales. También permite conocer las obligaciones pendientes, fiscalizar contratos y preparar información financiera confiable. Integra PR, basado en Oracle Cloud, comenzó su despliegue financiero y de cadena de suministro en julio de 2026; la transformación completa comprende otras etapas. Sus beneficios anunciados incluyen controles presupuestarios y seguimiento de fondos federales.

Para Puerto Rico, esa capacidad es indispensable. Administrar bien exige saber cuánto dinero está disponible y cuánto ya está comprometido. La fragmentación dificulta ambas cosas. Sin embargo, concentrar procesos también concentra riesgos: una deficiencia compartida puede afectar simultáneamente a muchas agencias.

Las vistas senatoriales del 12 de noviembre reflejan la seriedad de la controversia. Deloitte atribuyó las principales dificultades a la conversión de datos y al uso del sistema; la Administración de Servicios Generales señaló además deficiencias de configuración. La firma informó que el valor máximo de su contrato aumentó de $73.1 millones a aproximadamente $86.4 millones y que Recursos Humanos y Nómina no estaría listo en enero de 2027. Son testimonios que requieren evaluación y corroboración, sin adjudicar responsabilidades prematuramente.

Diseñar e implantar un ERP exige mucho más que instalar programas. Hay que definir procesos, depurar registros, trasladar balances correctamente y conectar aplicaciones existentes. Además, deben respetarse las particularidades legales y operacionales de las agencias, evitando convertir cada costumbre burocrática en una modificación costosa del sistema.

El adiestramiento forma parte de esa obra. En la misma vista, Deloitte sostuvo que la gestión del cambio organizacional fue excluida de su alcance contractual antes de firmarse el acuerdo de 2022. Corresponde esclarecer quién asumió esa función y cómo se verificó su cumplimiento. Una responsabilidad excluida de un contrato sigue siendo una necesidad del proyecto.

Otras jurisdicciones ofrecen advertencias útiles. En California, el auditor estatal documentó múltiples revisiones al alcance, calendario y presupuesto de FI$Cal, un proyecto de casi mil millones de dólares, y dificultades persistentes para producir información financiera oportuna durante la transición.

En Washington, el programa One Washington anunció en enero de 2026 una nueva ventana de lanzamiento entre octubre de 2027 y octubre de 2028, con evaluaciones de preparación para decidir cuándo proceder. Estas experiencias muestran la magnitud del reto; deben servir para anticipar riesgos y exigir explicaciones sobre los atrasos locales.

Por eso, el gobierno necesita representantes con conocimientos de contabilidad pública, contratación y dirección de proyectos tecnológicos, con tiempo y autoridad para supervisar. Hacienda debe validar la integridad contable; OGP, los controles presupuestarios; ASG, las compras; y PRITS, la arquitectura y seguridad tecnológica. Una dirección claramente identificada debe resolver diferencias y responder por el conjunto.

Los consultores aportan capacidad especializada, pero el gobierno debe conservar criterio propio para aceptar entregables y autorizar pagos. Esa función requiere apoyo técnico independiente y evidencia de que lo contratado funciona.

Cumplir con el calendario y presupuesto exige un alcance definido, hitos verificables y control de cambios. Cada enmienda debe explicar su necesidad, costo y efecto sobre la fecha de terminación. El costo completo incluye licencias, capacitación, mantenimiento y personal público; cualquier nueva proyección debe compararse con el compromiso original.

Antes de activar nuevas funciones deben probarse transacciones completas con usuarios reales, reconciliarse los datos y acreditarse la preparación de cada agencia. Para la nómina, deben compararse cálculos en paralelo antes del cambio. Cumplir una fecha carece de valor si obliga después a improvisar cómo pagar.

Ahora urge publicar un plan de estabilización con responsables y fechas: facturas pendientes por antigüedad y causa, tiempo promedio de pago, errores sin resolver y cierres contables completados. También hacen falta mecanismos de contingencia auditables para proteger servicios esenciales. Una falla tecnológica, una factura incompleta y una orden sin fondos requieren soluciones diferentes.

Integra PR debe permitir que el gobierno administre mejor y pague oportunamente. El suplidor que espera cobrar y el ciudadano que depende de sus servicios deben ser la medida del éxito. La modernización rinde frutos cuando existe capacidad pública para dirigirla, verificarla y sostenerla.

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